Un grupo de desarrolladores inmobiliarios en San Luis Potosí preparan una embestida “jurídica, mediática, política y social” para intentar revertir el decreto de Área Natural Protegida en la Sierra de San Miguelito reveló ayer el periodista Julio Hernández.
Entre las acciones consideradas mencionó que se estaría presionando a comuneros y ejidatarios con los “contratos” firmados a cambio de dinero, a través de los cuales -según sus fuentes- se habrían dispersado múltiples pagos de pequeñas cantidades, por un monto cercano a los 80 millones de pesos que habrían repartido los “barones del concreto”.
En un editorial transmitido a través de su canal de Youtube, el columnista Julio Astillero reveló que gran parte de la molestia de los inversionistas se debió a la incorporación al decreto presidencial de las 1805 hectáreas que indebidamente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) había excluido de la zona protegida y por la pérdida de 475 “hectáreas privilegiadas” que también ya “tenían en la bolsa” los desarrolladores, desde enero pasado.
Recordó que en la superficie de las 1805 hectáreas “se pretendía construir un desarrollo residencial de lujo denominado Las Cañadas”, proyecto que estaría encabezando Carlos López Medina, uno de los principales urbanizadores en San Luis Potosí, quien acostumbra a materializar sus lujosos complejos con terrenos ejidales y comunales en desiguales negociaciones.
Acerca de las 475 hectáreas detalló que mediante diversas “maniobras” los desarrolladores ya se habían apropiado oficialmente -gracias a autoridades federales y estatales- de ese terreno, desde el 29 de enero de este 2021 y que ahora está protegido por el decreto de la presidencia.
El periodista de La Jornada, advirtió que todavía falta mucho en el proceso para salvaguardar los terrenos de la sierra de San Miguelito ante la respuesta -no sólo jurídica- que ya preparan los dueños de los corporativos inmobiliarios.
Retomó su denuncia planteada el pasado mes de julio, cuando en la mañanera mencionó que había contratos firmados entre desarrolladores, ejidatarios y comuneros -algunos en lo individual y otros en su calidad de autoridad en sus comunidades agrarias- a través de los cuales se estaría entregando dinero a cambio de la obligación contractual de devolverlo en caso de que no procediera la construcción de sus proyectos de urbanización y con ello provocar pugnas al interior de los núcleos agrarios.