Marcela Loyola
En sesión extraordinaria privada, el Pleno del Congreso del Estado aprobó inhabilitar del expresidente capitalino, Xavier Nava Palacios, y parte de su Cabildo por avalar una obra e terrenos ejidales, y dejo sin sanción a los exfuncionarios afines a la Gallardía y el PAN.
Esto en la resolución del juicio político promovido por ejidatarios de Rancho Nuevo y La Libertad por la construcción del puente vehicular localizado en un tramo del bulevar Antonio Rocha Cordero, en el ejido Rancho Nuevo – La Libertad, y no respetar un amparo concedido por un juzgado de Distrito, quien determinó la responsabilidad tanto del exalcalde de la capital potosina y nueve integrantes de su cabildo.
El dictámen con proyecto de resolución, fue aprobado por unanimidad donde se inhabilita al ex alcalde con 18 años, así como a otros ex funcionarios municipales.
Se determinó que los ex servidores públicos Xavier Nava Palacios, Juan Antonio Salas Herrera, Frida Fernanda Rosas Zárate, Juan Daniel González Ayala, Alfredo Lujambio Cataño, María Verónica Campillo Salazar, Lidia Karina Zavala Rodríguez, Ángel Manuel Reyna Sánchez, Alma Mireya Cerino Zapata y Alicia Nayeli Vázquez Martínez, cometieron violaciones graves a los derechos humanos y sus garantías, así como omisiones de carácter grave, pues insistieron en apoyar la construcción de una obra sin cerciorarse de que se estaba haciendo en un terreno cuya propiedad está en duda, y pese a la interposición del juicio de amparo interpuesto por el núcleo ejidal Rancho Viejo “La Libertad”, radicado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado bajo el número 288/2020-III, en el cual el 20 de abril de 2020 la Autoridad Federal decretó la suspensión de plano de los actos reclamados, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no se lleven a cabo actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad posesión o disfrute de los derechos agrarios del núcleo ejidal Rancho Viejo “La Libertad”.
La Comisión Jurisdiccional determinó que, en lo que respecta al primer síndico Víctor José Ángel Saldaña y los exregidores Christian Iván Azuara Azuara, María Raquel del Rosario Bárcena Jannet, Dulce Karina Benavides Ávila, Jaime Uriel Waldo Luna, Verónica Rodríguez Hernández del Partido Acción Nacional, así como Eloy Franklin Sarabia y Ana Rosa Pineda Guel, ambos afines a la Gallardía, no existen elementos que prueben su responsabilidad y, por ello, no da lugar a proceder en su contra.
Las sanciones se les impusieron a: Xavier Nava Palacios, en su carácter de presidente municipal de la administración 2018-2021, con 18 años de inhabilitación para el ejercicio de empleos o comisiones en el servicio público, por tratarse de titular del poder ejecutivo municipal.
Alfredo Lujambio Cataño: en su carácter de presidente municipal interino del municipio, se le impone una sanción de 12 años de inhabilitación para el ejercicio de empleos o comisiones en el servicio público; a Alicia Nayeli Vázquez Martínez, en su carácter de síndico municipal, se le impone una sanción de 15 años de inhabilitación para el ejericicio de empleos o comisiones en el
servicio públicos, por tratarse del representante legal de la citada institución pública.
Los ex servidores públicos: Juan Antonio Salas Herrera, Frida Fernanda Rosas Zárate, Juan Daniel González Ayala, María Verónica Campillo Salazar, Lidia Karina Zavala Rodríguez, Ángel Manuel Reyna Sánchez y Alma Mireya Cerino Zapata, en su carácter de Regidores del municipio de San Luis Potosí, se les impone una sanción de cinco años de inhabilitación para el ejericicio de empleos o comisiones en el servicio públicos, por tratarse de integrantes del cuerpo edilicio con voz y voto que secundaron la decisión de continuar con las violaciones pese a las determinaciones del Juez Federal, según la información que presentaron como pruebas, y a las que tuvieron acceso por así manifestarlo en su escrito de probanzas.
Cabe destacar el juicio de amparo promovido por los ejidatarios en contra de la obra del puente de la avenida Rocha Cordero y avenida Industrias, aún se encuentra en trámite en un juzgado federal, y no ha sido resuelto de fondo.
Asimismo, el diputado de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Eloy Franky Sarabia se tuvo que excusar por haber formado parte de la administración capitalina 2018-2021.