Marcela Loyola
El Congreso del Estado de San Luis Potosí, en una clara muestra de abuso de poder, y sin sustento legal alguno y producto de un vergonzoso pacto político, violó los derechos humanos del ex alcalde Xavier Nava Palacios y otros nueve ex ediles de la capital.
Así lo señalaron en rueda de prensa, sin medios de comunicación que fue transmitida en redes sociales, Nava Palacios y los ex funcionarios municipales que fueron inhabilitados por el Congreso del estado.
Expusieron que los puentes superiores vehiculares en el Bulevar Rocha Cordero se construyeron de manera legal sobre una vialidad estatal en servicio desde hace casi 50 años. “A quienes han sido acusados e incuso encarcelados por actos de corrupción no se les investiga o se frenan inexplicablemente los procedimientos en su contra, pero a quienes construyen una vialidad para beneficiar a la ciudadanía se les inhabilita por 5, 12, 15 y hasta 18 años”.
Puntualizaron que los puentes superiores vehiculares no se encuentran hoy en día en tierras propiedad del ejido Rancho Viejo La Libertad de acuerdo con la única información jurídicamente válida en materia de propiedad agraria, la del Registro Agrario Nacional (RAN).
“Nos corresponde reaccionar jurídicamente ante todas las instancias de justicia constitucional, de Derechos Humanos y Organismos Internacionales ante las evidentes irregularidades procesales y la arbitrariedad cometida en abuso de la institución del Juicio Político, y utilizando los poderes del Estado como herramienta de transgresión política”, adelantaron.
Aseguraron que el pasado sábado 18 de diciembre el Pleno del Congreso del Estado en sesión privada y en una clara muestra de abuso de poder, “sin sustento legal jurídico alguno y producto de un vergonzoso pacto político, aprobó resolver el juicio político en contra de Xavier Nava Palacios, ex presidente municipal de la capital, de la ex síndica municipal Alicia Nayeli Vázquez Martínez y de otros ocho ex regidoras y ex regidores, incluido el actual regidor Alfredo Lujambio Cataño”.
“Las y los legisladores, sin tomar en cuenta la información contenida en el expediente, y violentando de múltiples maneras el procedimiento, determinaron sancionar mediante inhabilitaciones arbitrarias a varios de los ex integrantes del Cabildo municipal 2018-2021 por una supuesta violación de la suspensión dictada dentro de un juicio de un amparo. No por un hecho de corrupción o abuso de otra naturaleza, sino por construir una obra de enorme beneficio para la ciudadanía”, argumentan.
Agregan que “sin embargo, a quienes han sido acusados e incuso encarcelados por actos de corrupción no se les investiga o se frenan inexplicablemente los procedimientos en su contra, pero a quienes construyen una vialidad para beneficiar a la ciudadanía se les inhabilita por 5, 12, 15 y hasta18 años”.
“Es evidente que todo este procedimiento tuvo y tiene una motivación política y no jurídica, y que de forma muy lamentable las y los diputados locales han demostrado sumisión al actual titular del Poder Ejecutivo del Estado, Ricardo Gallardo Cardona. Es indiscutible su falta de compromiso con la legalidad, la ética, y la justicia y la división de poderes, y evidencia la intención de complacer los intereses de dicho personaje en una revancha personal”, afirman.
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