El recurso también solicita a la FGR revocar su petición de ficha roja a nivel Interpol.
La conductora de televisión Inés Gómez Mont inició un juicio de amparo en contra de la orden de aprehensión que le aqueja por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El recurso también solicita a la Fiscalía General de la República (FGR) revocar la petición dirigida a la Interpol para emitir una ficha roja para su búsqueda y localización a nivel internacional.
En concreto, la conductora reclama violaciones a sus derechos incluidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 20 y 133 de la Constitución, relacionados con las causas penales 314/2021, 453/2021, 466/2021 y 322/2020.
Hasta la noche de este miércoles el juez todavía no se pronuncia si entrará al estudio del tema, por lo que no hay fecha para la audiencia constitucional y mucho menos alguna suspensión.
El 20 de enero pasado la FGR detalló públicamente el caso mediante el cual obtuvo órdenes de aprehensión contra la conductora Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez, además de cinco personas más.
El órgano autónomo añadió que tres de los imputados ya están recluidos en los centros federales de justicia penal y en los casos de quienes huyeron del país, Inés Gómez Mont y Álvarez Puga, se ha obtenido la ficha roja correspondiente y se está en espera de la respuesta de colaboración de nivel internacional.
La FGR indicó que en noviembre de 2019, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, inició carpeta de investigación contra de Gómez Mont, Álvarez Puga, Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R” y siete empresas, por su posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Tanto a Gómez Mont como a su esposo Álvarez Puga se les atribuyen haber obtenido contratos públicos para desviar casi 3 mil millones de pesos mediante empresas fachada.
La presentadora de televisión lleva poco más de tres meses sin interactuar en sus redes sociales, pues el 14 de octubre del 2021 publicó un comunicado en su cuenta de Instagram en el que aseguró tener mucho temor por el actuar de las autoridades en su caso.
Fue informada de que las autoridades buscan librar más órdenes de aprehensión en su contra, “ahora por asuntos fiscales” por temas con los que ya había llegado a acuerdos conclusivos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría de Defensa del Contribuyente (Prodecon). Mencionó que existe una “persecución de mala fe” en su contra y de su esposo.
Con información de Aristegui Noticias