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Jucopo decidirá si se destituye a Gabriela Martínez de la Comisión de DD. HH. en el Congreso

Marcela Loyola

El diputado Eloy Franklin Sarabia señaló que será la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la que determine si se destituye a Gabriela Martínez Lárraga de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género del Congreso del Estado, pero tiene que haber una petición formal de los periodistas.

Expuso que la periodista Ana Dora Cabrera y todos los interesados, deben de presentar la solicitud formal a la Jucopo, teniendo como antecedente la fotografía de la legisladora con Omar Niño, y a que su esposo en diversas ocasiones ha cometido violencia política de género contra funcionarias.

“El caso de Ana Dora desde la pasada Legislatura decidieron darle carpetazo, uno de los asuntos que estaba olvidado y los tuvimos que rescatar para escuchar la voz de Ana Dora porque a los pasados diputados no les interesó en lo más mínimo el asunto. Y entiendo y comprendo cual es la situación por la que está pasando”, dijo.

Eloy Franklin pidió congruencia a la diputada Gabriela Martínez, “porque el ex diputado –José Luis Romero, esposo de la legisladora- tuvo una transmisión en vivo en la que denostó a una mujer, a la presidenta municipal de Ébano, le dijo de esta manera: ‘que las mamadas se daban dos cuartas abajo del ombligo’, diciendo una serie de improperios y dos días después Gaby en el pleno dice que va a defender a las mujeres de la violencia de género, pero veo poca congruencia”.

Abundó que por esto se debe analizar el actuar de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, “pero veo muy mal el actuar de mi compañera, y tenemos que entrar a un análisis y daremos puntual seguimiento, y a mí me llega porque mucho tiempo estuve compartiendo con muchos de ustedes, yo vengo de los medios y ser congruente es lo que me permite exponer y darle el apoyo incondicional a Ana Dora”.

Otros periodistas se unieron a la petición de Ana Dora de que sea destituida de la Comisión de Derechos Humanos Gabriela Martínez, esto con fundamento en la ley, por las anomalías en las que ha incurrido.

“En el 2018 hubo un ataque a las oficinas de Código San Luis en el que está implicado el esposo de la diputada y nunca procedió la denuncia, nunca se avanzó en la investigación, entonces estamos expuestos a que una persona con dinero, funcionario o no, nos pueda atacar”, lamentó la periodista María Luisa Paulín.

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