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FGR atrae el caso del feminicidio de Karla Pontigo

La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso del feminicidio de Karla Pontigo Lucciotto, ocurrido en octubre de 2012, lo anterior cinco meses después de que el Juzgado Primero de Distrito en San Luis Potosí se pronunciara por la existencia de conflicto de interés, por parte de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí para investigar el mismo.

El conflicto de interés se basa, de acuerdo con el Juzgado, en que el ahora titular de la fiscalía estatal José Luis Ruiz Contreras “se desempeñó como secretario particular del entonces procurador general de justicia del estado”. Además de que Julián Ruiz Contreras, hermano del ahora fiscal, es el juez que determinó que se trataba de un homicidio culposo.

“Sí puede tener un interés personal el asunto, pues cabe recordar que uno de los efectos de la concesión de amparo establecido por la Primera Sala del Más Alto Tribunal, consiste en que se inicien los procedimientos necesarios para sancionar administrativa o, incluso, penalmente a las autoridades intervinientes por su actividad irregular”.

La FGR, a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), resolvió asumir la competencia para seguir conociendo las investigaciones relacionadas con los hechos en los que perdiera la vida Karla Pontigo Lucciotto, así como el actuar indebido e irregular en el que pudieron incurrir las personas que tuvieron intervención en la carpeta en el ejercicio del servicio público.

Además, determinó que seguirá conociendo de la investigación, bajo los lineamientos contenidos en el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el delito de Feminicidio de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

La FGR deberá realizar una investigación diligente, exhaustiva, imparcial y con perspectiva de género, como lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en noviembre de 2019, en su sentencia 1284/2015, en la que confirmó que el feminicidio de Karla Pontigo “estuvo rodeado de circunstancias de violencia, basada en género”.

Amnistía Internacional México y la Fundación para la Justicia, organizaciones que han acompañado el caso de Karla Pontigo, señalaron que con esta atracción se está sentado un precedente en la lucha de las familias potosinas y de las de todo el país, hacia investigaciones que cuenten con mayores condiciones de independencia.

Las organizaciones resaltaron que aún cuando la FGR atrae la investigación del feminicidio de Karla Pontigo, esto no exime la responsabilidad de la fiscalía de San Luis Potosí de seguir fortaleciendo la Unidad Especializada Multidisciplinaria e Itinerante en Materia de Género, para que pueda investigarse y traer justicia y verdad a otras mujeres víctimas de feminicidio y a sus familias.

Además, recordaron que la creación de esta Unidad Especializada se debió justamente a la sentencia de la SCJN en el caso de Karla Pontigo, que señala que si bien busca subsanar las violaciones cometidas durante la investigación de la muerte de Karla Pontigo, también implica una protección explícita para otros casos de feminicidio, que deben ser investigados bajo los mismos parámetros ya establecidos por la Corte.

Amnistía Internacional México y la Fundación para la Justicia también llamaron al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación garantizar la implementación total de las medidas de protección en favor de la familia Pontigo Lucciotto y recordaron que la Recomendación 55/2015, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el feminicidio de Karla Pontigo, no ha tenido avances sustanciales.

“Aún cuando se ha solicitado al actual gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, a tomar la deuda histórica que tiene con las víctimas de feminicidio y, en particular, con Karla Pontigo, no ha mostrado interés alguno para que dichas víctimas obtengan justicia, verdad y reparación, a las que tienen derecho”, finalizaron las organizaciones.​

Con información de Milenio

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