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OpiniónPORTADA

Cabos sueltos

El 8 de marzo del 2020 se vivió uno de los episodios más activos en torno a la reivindicación de la lucha de género, en particular de los movimientos feministas.

Lamentablemente surgió la pandemia del Covid-19 y ese movimiento de miles de mujeres, perdió visibilidad. Sin embargo, sentó un precedente que más nos valdría como sociedad no perder de vista, sino fortalecerlo, cada quien desde su propio espacio, pero en especial, desde las políticas públicas.

Marta Fontenla propone una definición del término Patriarcado:

El patriarcado puede definirse como un sistema de relaciones sociales sexo–políticas basadas en diferentes instituciones públicas y privadas y en la solidaridad interclases e intragénero instaurado por los varones, quienes como grupo social y en forma individual y colectiva, oprimen a las mujeres también en forma individual y colectiva y se apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos y sus productos, ya sea con medios pacíficos o mediante el uso de la violencia. Los estudios feministas sobre el patriarcado, y la constatación de que se trata de una construcción histórica y social, señalan las posibilidades de cambiarlo por un modelo social justo e igualitario.

En la víspera del 8M de este 2022, varias dependencias de los diferentes órdenes de gobierno se han apresurado a difundir datos, cifras, cargos y hasta premios y reconocimientos a favor de mujeres destacadas. Sin embargo, el lado que más lástima, siguen siendo los feminicidios y la falta de capacidades en la administración pública para atenderlos, resolverlos y por supuesto, evitarlos… pero de eso no se habla mucho.

La Unidad Especializada Multidisciplinaria e Itinerante en Materia de Género que forma parte de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, apenas vio la luz hace algunos meses, cuando en atención a una recomendación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ordenó su creación, para subsanar las violaciones cometidas durante la investigación de la muerte de Karla Pontigo y se advirtió en esa resolución judicial que su efecto debería extenderse a la sociedad en general.

Es decir, ese mandato de la SCJN significó un reconocimiento a las incapacidades estructurales de las instancias dedicadas a la procuración de justicia, en particular en lo relativo a los feminicidios.

El riesgo ahora es, que una vez que se anunció el pasado 24 de febrero que la federación atrajo el caso de Karla Pontigo, se estrangule aún más la ya de por si precaria Unidad Especializada Multidisciplinaria e Itinerante en Materia de Género.

El problema de los feminicidos es grave en San Luis Potosí, no es un problema que se pueda esconder tras las puertas del ropero. Esa sentencia de la SCJN debe ser la oportunidad institucional para otorgar los recursos materiales, humanos y financieros suficientes para la operación de dicha Unidad Especializada para que atienda como es debido, otros casos de muertes violentas cometidos en contra las mujeres potosinas. Ya se verá el grado de compromiso social, retórica o demagogia de los tomadores de decisiones, en los meses por venir.

Por Lidia Juache

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