Mientras a López Obrador se le agota el tiempo, se multiplican los síntomas de descomposición gubernamental, institucional y social: desde el espionaje al fiscal, hasta la violencia incontenible.
En enero de 2012, un escándalo sacudió al PAN y al gobierno de Felipe Calderón: los equipos de Josefina Vázquez Mota y Ernesto Codero, en guerra por la candidatura presidencial panista, se enfrascaron en una lucha de descalificaciones y filtraciones para tratar de desprestigiarse mutuamente.
La aparición de audios de la precandidata Vázquez Mota y su equipo -entre los que destacaba uno en el que llamaba “pinche Sota” a la vocera del presidente- era uno de los principales síntomas de la descomposición que para entonces ya era evidente en el sexenio fallido de Calderón.
Para entonces, la grabación ilegal de conversaciones y su aparición en sitios anónimos de internet ya era costumbre, pero sorprendía el hecho de que el espionaje se hiciera entre los miembros del grupo compacto del presidente.
Josefina Vázquez Mota, Roberto Gil, Germán Martínez, Agustín Rodríguez… fueron algunos de los panistas víctimas de espionaje, cuya confrontación terminó por desbarrancar al PAN en las elecciones de 2012.
Años más tarde, a la lista de espiados se sumaron personajes como Guadalupe Acosta Naranjo, Armando Ríos Píter, Purificación Carpinteyro y Lorenzo Córdova, cuyas denuncias ante la PGR (hoy Fiscalía General de la República) nunca tuvieron seguimiento.
La inacción de las autoridades se tradujo en impunidad y, en los estertores del sexenio de Enrique Peña Nieto, el caso Pegasus vino a revelar que el espionaje también se practicaba contra periodistas y activistas sociales, ya sea por orden gubernamental o para proteger los intereses de alguna empresa o industria.
En cualquier caso, la intervención ilegal de conversaciones privadas, la difusión dolosa de dichas grabaciones y su reproducción en medios masivos de comunicación quedaron ahí, impunes, como un síntoma claro de descomposición de un régimen, o de un sexenio.
Si panistas y priistas se atacaron a base de espionaje y filtraciones, esto era porque el presidente ya no controlaba ni a los suyos, y porque, en la disputa por el poder, una clase política sin escrúpulos creía que en la guerra todo se vale.
Algo parecido empieza a ocurrir en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Cada día son más los síntomas de desintegración de un equipo de gobierno que solo al inicio lució cohesionado.
El último episodio, el de la filtración de las conversaciones del fiscal Alejandro Gertz Manero, es además una muestra terrible de que absolutamente nadie puede confiar en la seguridad de su teléfono.
La difusión en una cuenta anónima de YouTube de cuatro audios en los que Gertz Manero conversa con el fiscal de Control Competencial, Juan Ramón López, sobre la estrategia jurídica a seguir en un caso que le afecta personalmente, no sólo exhibe la podredumbre del mundo judicial, sino que podría ser la puntilla contra una FGR desacreditada y cuestionada por propios y extraños.
Nada peor contra la honorabilidad y fama pública de un funcionario público, que conocer cómo se expresa en sus conversaciones privadas.
Nada peor para un fiscal, que saber cómo se empeña para mantener en la cárcel a la hijastra de su hermano fallecido –a quien él acusa de matarlo para despojarlo de su fortuna-; cómo se refiere a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cómo gira instrucciones para combatir un proyecto de sentencia elaborado por uno de ellos.
Es terrible el contenido de la conversación, como terrible el hecho de que el fiscal haya sido espiado.
Pero no es el único síntoma de descomposición de un sexenio al que aún le quedan dos años y siete meses.
El escándalo de Gertz Manero viene a desplazar a otro, o mejor dicho a acumularse, en la agenda pública; el del exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, a quien siete meses después de haber dejado el cargo le siguen estallando bombas.
A las acusaciones de extorsión y posible tráfico de influencias, se han sumado las declaraciones de la ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien aprovecha el hundimiento del exconsejero jurídico para confirmar que tuvo diferencias con él cuando era uno de los hombres más cercanos al presidente en el Palacio Nacional.
Que la hoy presidenta del Senado revele que Scherer Ibarra se tomaba atribuciones extralegales que no le correspondían, deja ver el tamaño de las intrigas que se fraguaban en el entorno de López Obrador.
Mucho otros signos de descomposición -gubernamental, institucional y social- pueden enumerarse: las bajas expectativas de crecimiento, el incremento de la pobreza, la violencia cotidiana, la incapacidad de las policías para evitar una masacre en Michoacán, los asesinatos impunes de periodistas, los arrebatos del oficialismo contra la prensa crítica e incluso la trifulca criminal en el estadio de los Gallos Blancos de Querétaro.
El país cruje, mientras el reloj avanza inexorablemente hacia el fin del sexenio de la “cuarta transformación”, y los hombres y las mujeres del presidente comienzan a concentrarse en la sucesión de 2024.
Mientras a López Obrador se le agota el tiempo, la gobernabilidad se desmorona y se multiplican las evidencias de descomposición.
Con información de Aristegui Noticias