Con rechazo de la oposición e incluso diputados de Morena, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular una reforma para regular los créditos de nómina, que permitirá que se retenga el cobro de los trabajadores, antes de que reciban su salario.
La minuta, que fue regresada al Senado, se avaló con la mayoría de la bancada de Morena, PT y PVEM con 227 votos a favor; también se emitieron siete abstenciones y 210 en contra de la oposición, y algunos de Morena y PT.
La reforma incluye en la ley el concepto de “cobranza delegada”, mediante el cual deberán pagar los créditos de sus empleados antes de entregarles sus salarios.
Además, la reforma no fija cuál será la tasa de interés del crédito, por lo que la oposición advirtió que abre la puerta a que la deuda se vuelva incontrolable.
A su vez incorpora el término de “libranza”, que se refiere al permiso que concede el trabajador para que su empleador pueda realizar uno o varios pagos parciales o periódicos para el crédito de nómina, la cual será irrevocable siempre que exista un adeudo.
La mayoría del bloque de la 4T sólo aceptó una reserva al dictamen, presentada por Daniel Gutiérrez (Morena), para que la “libranza” pueda ser revocable únicamente si el Costo Anual Total (CAT) del crédito de nómina solicitado por el trabajador es superior al resultado al multiplicar por 1.2 el CAT promedio trimestral correspondiente a los créditos de nómina
“Esta adición busca equilibrar las condiciones de los trabajadores y los acreditantes; brinda medidas de seguridad y protección para evitar la usura y que el trabajador no quede comprometido a pagar tasas de intereses excesivas al acreditar la revocación de la libranza”, explicó el diputado de Morena.
Sin embargo, establece que “la revocación de libranza a que se refiere este artículo no libera a la persona acreditada del cumplimiento de sus obligaciones de pago contraídas conforme al contrato de crédito respectivo”.
La minuta que reforma la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros fue enviada al Senado para su análisis.
Entre los morenistas en contra de la propuesta, Susana Prieto acusó que el dictamen defiende a los banqueros y no a la clase trabajadora.
“No somos borregos y hay dictámenes con los que no estamos de acuerdo como con este, que no puede ser posible que estén garantizando que por bajar el CAT al 1.2 por ciento vayan a reducir los intereses”, manifestó en tribuna.
Por ello, hizo un llamado a los senadores a “batear” la propuesta, advirtiendo que están orillando a la quiebra a los trabajadores.
De la misma bancada Lidia García subrayó que “no coincido con leyes violatorias como esta”. “Me pregunto ¿de veras creemos todo lo que venimos a decir aquí?”, criticó.
Sobre la propuesta, apuntó que están asegurando el cobro a las financieras a través del salario de los trabajadores, los cuales son aniquilados por grupos financieros.
Con información de La Razón