Los titulares de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social y la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Julio César Pérez Ramírez y Carmen García Hamvacuan, respectivamente, acordaron establecer una política de trabajo y apoyo conjunto para la aplicación de diversos instrumentos a las personas privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios del Estado.
Lo anterior en aras de identificar a las niñas, niños y adolescentes quienes, por la privación de la libertad de su padre o madre, se encuentren en situación de orfandad o requieran del apoyo o servicio de las instituciones de Gobierno del Estado para la restitución de sus derechos como le establece la Ley General de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
La protección de los derechos de la niñez y adolescencia con referentes adultos privados de la libertad, sea que vivan en los centros de reclusión con sus madres o padres o se trate de sus hijas e hijos que viven fuera, en un núcleo familiar extendido, requiere que las autoridades responsables les localicen, se diagnostique su situación individual y se les canalice a programas de educación, salud y comunitarios para beneficio de su desarrollo personal.
Esta acción forma parte de los compromisos que tiene el programa de Fortalecimiento del vínculo familiar que se impulsa desde el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal, al que pertenece la aplicación de la cédula, y su objetivo primordial es que las personas privadas de la libertad sepan con exactitud cuál es la situación de sus hijas e hijos y cómo van en su desarrollo, además de identificar menores de edad que requeran apoyo transversal de las instancias del gobierno.