En septiembre de 2015, la gran familia priista comenzaba a disfrutar de las mieles del triunfo electoral y se disponían a asumir el poder. Se habían vivido en San Luis, los tiempos de la protección transexenal y del borrón y cuenta nueva, seguramente nadie habría sospechado que casi siete años después, la sombra de las desgracias políticas les perseguiría.
Incluso el optimismo parecía privar entre los miembros del gabinete de Juan Manuel Carreras en los primeros meses de la nueva administración estatal. Exagerada pareció a mas de uno la noticia publicada el 14 de marzo pasado, cuando se dio a conocer el amparo que había tramitado el abogado fiscalista, Daniel Pedroza Gaitán, quien fuera Secretario de Finanzas desde enero de 2019, en el último tramo del gobierno de Carreras López.
Pero seguramente ya tenía algún dato filtrado, alguna sospecha. Y no es para menos, seguramente desde el 11 de febrero, con la detención del ex secretario de Seguridad Pública, Jaime Pineda, se habrían prendido todas las alertas para algunos de los cercanos colaboradores del sexenio anterior.
Lejano quedaba aquel 25 de septiembre de 2015 en los que se presentaban en primera plana los nombramientos del gabinete: Consejero Jurídico del Estado: Daniel Pedroza Gaytán, Subsecretaria de Enlace Interinstitucional: Marianela Villanueva Ponce, Secretaria de Salud: Mónica Rangel Martínez. Hoy, todos bajo sospecha y con la guillotina de los procesos judiciales pendiendo de un hilo.
Pero la más reciente detención del Dr Miguel Lutzow, para más de uno resultó un tanto ingrata. Algunos lo describen como un médico comprometido y entregado, incluso hasta ingenuo en la política. Muchos conservan esa imagen del médico que llevó el gran peso de informar sobre la atención y evolución de la pandemia en los momentos de mayor incertidumbre y drama por la crisis de salud.
No bien repuestos de la sorpresa por la detención del médico, apenas 21 días después de la aprehensión quien fuera su jefa en la Secretaría de Salud, cuando ya se estaba anunciando desde la alta dirección de El Colegio de Bachilleres el presunto mal manejo de recursos. Pronto salió la implicada, Marianela Villanueva Ponce a dar su versión de los hechos.
Por lo pronto habrá que esperar que los procesos sigan su cause legal, que se procure justicia sin venganzas ni revanchismos como lo comprometió el gobernador cuando el 20 de junio del año pasado afirmó que gobernaría “sin rencores ni venganzas”.
Lidia Juache