Marcela Loyola
Colectivos y diferentes organizaciones acudieron al Congreso del Estado para respaldar la iniciativa que presentó la diputada Gabriela Martínez Larraga, para expedir la Ley de Protección para las Personas Cuidadoras en el Estado de San Luis Potosí y realizar modificaciones al Código Penal del Estado.
Mariana Noruega, presidenta de la Fundación Giro y del Colectivo Cuidadoras Potosinas, resaltó que esta inactiva es muy importante porque no existen antecedentes de leyes, ni siquiera una mención sobre las cuidadoras y tiene que haber el reconocimiento del trabajo de cuidados, que regularmente hacen mujeres en sus hogares.
Puntualizó que, de aprobarse esta nueva ley sería la primera en el país, “y esta ley nos beneficia porque hablamos del tema laboral, tienen que dejar de trabajar porque no tienen con quien dejar esos pacientes y porque no los pueden dejar solos porque si no fallecería”.
Abundó que, en su caso tiene 15 años laborando en una institución muy reconocida y ha enfrentado este acoso laboral de los empleadores, “porque necesitamos salir y pues nos dan permisos por las cuestiones de nuestros pacientes, pero los patrones lo ven como una molestia, entonces somos muy acusadas y en algunos casos despedidas y obviamente enfrentamos mucha violencia laboral”.
Mariana Noruega aseguró que se requiere tener programas de apoyo para los cuidadores, “cuidar la salud de las cuidadoras porque hay programas sociales para atender a las personas con discapacidad, pero no para quién las cuida y tenemos claro que si no se cuida a las cuidadoras los pacientes también están en riesgo porque no tendrán quien los atienda, entonces esto representa dos vidas”.
Indicó que en un censo realizado tienen datos de que hay al menos 800 cuidadores en el estado, pero son datos preliminares ya que aún falta censar la huasteca y otros zonas, aunque de los datos recabados de cada 10 cuidadores, siete son mujeres y tres hombres, y en muchos casos son las mamas las cuidadoras y no pueden salir a trabajar, “somos los que vivimos en un estado de discriminación, de precarización, de violencia y obviamente son las primeras que se deben de atender”.