La mención de San Luis Potosí en la mañanera de ayer, no era un buen presagio. El anuncio de que se enviará a la entidad un grupo especial para investigaciones criminales y detención de objetivos, que anticipó el subsecretario de seguridad Ricardo Mejía Berdeja, preocupó a muchos.
Ojalá que las culpas, disputas o egos no se impongan en materia de seguridad pública. Lo realmente urgente es restablecer la paz y la tranquilidad en las calles de la entidad potosina, es decir, que sea la fuerza del Estado la que domine. Lo ocurrido la tarde-noche de ayer en la avenida Salk y Villa de Pozos, no se puede soslayar.
La semana no comenzó del todo bien, aunque parecía que se quedaría en disputas discursivas con señalamientos desde el gobierno estatal contra las autoridades municipales, por no hacer bien su trabajo en materia de seguridad. Sin embargo, el aparatoso golpe de violencia, se vivió en las calles de la capital y eso… a todos espanta.
Ya no basta la explicación común de que “se disputan la plaza” o de que “sólo se matan entre ellos“, el destino nos alcanzó y la realidad es que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, deben asumir la responsabilidad para la que se postularon: ofrecer paz, tranquilidad y una buena calidad de vida a los potosinos.
Son muchos los indicadores de bienestar en el mundo que señalan a la seguridad pública como uno de los principales elementos para medir el éxito o fracaso de los gobiernos y sin ello, por más calles que se pavimenten o por más despensas que se entreguen, sin seguridad no habrá calidad de vida, ni para ricos ni para pobres.
La mirada podría dirigirse por momentos en otras crisis como la quinta ola de Covid-19, aunque debe reconocerse que hoy las condiciones para enfrentarla ofrecen mayores posibilidades de entregar un mejor saldo que el que se vivió en el 2020: ya existe vacuna, hay más información para prevenir y hemos aprendido medidas de autocuidado. El tema de la pandemia, por ahora no compite en prioridad con el tema de la violencia por más que nos duela, aunque en el fondo no tendríamos que elegir los ciudadanos entre salud o seguridad.
Por Lidia Juache