El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó en su conferencia de prensa que buscará presentar una iniciativa de reforma a Ley de Austeridad para hacer que ésta se cumpla.
En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario aseveró que la ley para poner topes a salarios y acotar el gasto en el servicio público, la cual fue parte de sus promesas de campaña, no se cumple.
“Hay una Ley de Austeridad republicana que no se cumple por esto: los amparos; franco incumplimiento a la Constitución y a esta ley de austeridad. Entonces, vamos a buscar la forma de presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Austeridad y si procede una nueva reforma a la Constitución para dejarlo más claro y que no se preste a las interpretaciones que hicieron en el Poder Judicial que hicieron de manera leguleya”, dijo.
López Obrador indicó que presentará esta iniciativa antes de que se termine el gobierno, pues, dijo, ahora hay iniciativas pendientes de prioridad como lo es el tema de la Guardia Nacional y la reforma electoral.
Los dichos de AMLO llegan luego de que Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, destacó que titulares de organismos como la Cofece, Banco de México, INEGI, INE e IFT han presentado amparos para evitar que sus ingresos se ajusten a lo dispuesto por la ley, que es que ningún servidor público o funcionario puede ganar más que el presidente.
De acuerdo con la información proporcionada por el titular de Profeco, mientras el presidente Lopez Obrador tiene un salario neto mensual de 136 mil pesos, un consejero de la Judicatura puede ingresar hasta 286 mil 600 pesos.
En segundo puesto entre los salarios más altos está el del magistrado presidente del Tribunal Electoral, que ingresa 286 mil 500 pesos y después la Suprema Corte, donde el sueldo es de 284 mil 500 pesos.
En tanto, la gobernadora del Banco de México, el consejero presidente del INE, los comisionados presidentes de Cofece e IFT y la presidenta del Instituto Nacional de Geografía y Estadística han interpuesto amparos para que sus sueldos no se modifiquen, detalla el documento.
La Secretaría de la Función Pública es la encargada de transparentar los salarios de los funcionarios y personas servidoras públicas.