AMLO se comprometió a reunirse con los padres de los desaparecidos para dar seguimiento a la investigación. El presidente además pedirá a la Secretaría de la Defensa Nacional que el ejército entregue toda la información que tiene sobre el caso. Y la Fiscalía General de la República deberá recibir a los familiares.
“Estas tres instituciones están obligadas a coadyuvar para encontrar a los estudiantes. Los familiares de los desaparecidos les reclaman mayor compromiso”, le dijo a BBC Mundo Vidulfo Rosales, abogado de los familiares.
“Es muy preocupante, a casi cinco años de la desaparición, que pase el tiempo y no tengamos respuesta de dónde están nuestros hijos”, dijo tras la reunión Hilda Legideño, una de las madres.
Los familiares de los estudiantes no aceptan la versión sobre la desaparición de los 43 jóvenes considerada como oficial durante la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto y que en México se conoce como “verdad histórica”.
Según esa versión, los estudiantes fueron privados de libertad por policías municipales de Iguala y entregados a miembros de Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura de Cocula.
En 2015, los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, rechazaron la teoría oficial.
Además de familiares y activistas, tampoco el gobierno de López Obrador acepta “la verdad histórica”. De hecho, su primer decreto fue establecer la Comisión por la Verdad en el caso Ayotzinapa.
Los familiares insistieron en señalar a la Fiscalía General por la lentitud de las investigaciones y por la liberación de personas implicadas en el caso. También pidieron que se investigue la supuesta responsabilidad del mando militar durante el gobierno anterior.
“Creemos que es necesario que se investigue a los que fabricaron la gran ‘mentira histórica'”, dijo Legideño, una de las madres.
“Ellos deben saber qué es lo que realmente pasó ese día o por qué. ¿Por qué fabricar esa gran mentira que tanto daño ha hecho? Por eso pedimos que se les investigue y que se proceda contra ellos si tienen algún delito”, continuó.
“Hemos llegado a un punto en el que si no se procede penalmente contra quienes obstaculizaron la investigación o incurrieron en actos violatorios a derechos humanos durante la misma, muy seguramente no se romperán los pactos de impunidad que hoy impiden conocer el paradero de los estudiantes”, dijo Santiago Aguirre, director del Centro Prodh, que representa legalmente a los familiares.
Según informaron en la conferencia, el presidente reconoció que no se ha avanzado en las investigaciones al ritmo que se debería.
“A casi cinco años de la desaparición de nuestros hijos la herida sigue abierta, sigue doliendo. No hay paz en nuestros corazones, en nuestras familias”, dijo Emiliano Navarrete, padre de uno de los estudiantes.
Con información de: BBC