Un juez federal absolvió al ex presidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, del secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Jorge Guillermo García Suárez Campos, juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Tamaulipas, determinó que no existen elementos para vincular al ex funcionario en el mencionado delito en la causa penal 66/2014, revelaron funcionarios judiciales.
Pese al fallo favorable, la Fiscalía General de la República (FGR) aún puede apelar la sentencia para que sea revisada por un Tribunal Unitario. Asimismo, precisaron que José Luis Abarca espera sentencia en tres procesos penales más, motivo por el cual no puede recuperar su libertad en estos momentos. La sentencia del juzgado Tercero fue dictada anoche, por lo que en las próximas horas será notificada al ex alcalde en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
De acuerdo con la investigación que inició la Procuraduría General de la República (PGR), José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa ordenaron el ataque y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, con el propósito de que no “sabotearan” el informe de labores de esta mujer.
Según la “verdad histórica” impulsada por la PGR en la pasada administración, Gildardo López Astudillo, El Gil, fue quien informó, a través de un mensaje celular, al jefe absoluto de la citada agrupación criminal, Sidronio Casarrubias Salgado, el conflicto que se había suscitado en Iguala el 26 de septiembre, con la llegada de normalistas a bordo de varios autobuses.
López Astudillo atribuyó los actos al grupo de Los Rojos, motivo por el cual Sidronio Casarrubias creyó que se trataba de gatilleros enemigos y aprobó las acciones para defender su territorio; eso propició que se llevaran a los normalistas al municipio de Cocula, donde fueron asesinados, según declaraciones de otros sicarios. El 8 de diciembre de 2014, el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dio a conocer un mensaje de texto en el supuestamente El Gil avisó a Sidronio lo siguiente: “nunca los van a encontrar, los hicimos polvo y los tiramos al agua”, refiriéndose al Río San Juan, en Cocula.
Declaración de los Abarca revela abusos tras detención por caso Iguala; amenazaron con permitir que mataran a su hija En diciembre de 2020, un juez federal dictó auto de formal prisión contra José Luis Abarca Velázquez, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita En agosto del mismo año, un Tribunal Federal concedió un amparo a María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de Abarca Velázquez, sentencia que ordenó dejar sin efecto el auto de formal prisión dictado en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Caso José Luis Abarca José Luis Abarca es ex presidente municipal de Iguala, Guerrero, quien fue señalado por la entonces Procuraduría General de la República como autor intelectual de la desaparición de 43 estudiantes y la muerte de seis personas durante enfrentamientos ocurridos el 26 y 27 de septiembre en ese municipio. En 2014 fue detenido en Iztapalapa, Ciudad de México.
Después del ataque contra los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Abarca pidió al Cabildo del Ayuntamiento de Iguala licencia por 30 días para separarse del cargo. Se la concedieron, desapareció y días después cerró su cuenta de Facebook. El ex alcalde se casó con María de los Ángeles Pineda Villa, quien también huyó. No se supo nada de ella en más de un mes.
Desde el martes 30 de septiembre hasta el 4 de noviembre de ese año cuando fue detenida con su esposo. Antes de que Iguala dejara de saber de ella, era vista por los pobladores en actos públicos junto a su marido. Incluso, se decía que sucedería a su esposo en la presidencia municipal de Iguala en 2015.
El 22 de octubre de 2014, el ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, actualmente detenido, dijo que José Luis Abarca pagaba entre 2 y 3 millones de pesos a Guerreros Unidos para tener bajo control la localidad; al menos 600 mil pesos eran usados para control de la policía local.
El grupo decidía quien ingresaba a la corporación. Murillo Karam informó que María de los Ángeles Pineda fue identificada por Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, como la principal operadora de actividades delictivas desde la presidencia municipal, en complicidad con su esposo y el secretario de Seguridad, Felipe Flores Velázquez.
En junio de 2013, aparecieron muertos los líderes de Iguala de la Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román, y Ángel Román Ramírez. Habían sido secuestrados con otras cinco personas, las cuales escaparon.
La regidora Sofía Lorena Mendoza Martínez, viuda de Arturo Hernández Cardona, ha sostenido que Abarca cometió el crimen, después de que Nicolás Mendoza Villa, uno de los sobrevivientes declaró ante notario que reconoció al alcalde y a Hernández Cardona cuando el primero le dio un escopetazo en la cara y otro en el pecho al segundo.
El presidente municipal de Iguala negó el 26 de noviembre de 2013 ser el autor material del asesinato de Arturo Hernández Cardona, como lo señaló Mendoza Villa. El 22 de octubre, el procurador dijo que la dependencia ya investiga a Abarca por el homicidio. Otro asesinato que causó polémica en torno a Abarca es el del síndico administrativo Justino Carbajal Salgado, ocurrido en marzo del año 2013.
Dos semanas antes Carbajal Salgado, sobrino del ex alcalde de Acapulco, Félix Salgado Macedonio fue agredido a golpes por un grupo de hombres armados cerca del ayuntamiento, no se tomaron las medidas preventivas y días después fue asesinado a balazos.
En otro hecho, el 26 de mayo 2013 mataron a dos policías de Teloloapan, Guerrero, y en ese crimen se acusó a agentes de Iguala de participar en el ataque. El 17 de octubre, diputados locales del Congreso de Guerrero aprobaron el juicio de revocación de mandato contra el alcalde de Iguala por incurrir en omisión al no proteger a los normalistas. Abarca y su esposa declararon en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), por la muerte de seis personas –tres normalistas- y la desaparición de 43 estudiantes.
Con información de: Milenio