La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró más inmuebles en Santa Fe, de los que pretende sean devueltos a la Federación con base en un decreto del Porfiriato.
Uno de ellos está en Prolongación Paseo de la Reforma 371, cuya numeración actual corresponde al 461 y 477.
Agentes pusieron sellos de aseguramiento como parte de la indagatoria de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas.
Apenas el lunes por la mañana, cuando revelelaron el plan de la Fiscalía, fueron colocados sellos en el predio número 435, donde sólo hay una estructura para anuncios espectaculares.
Incluso, en el edificio de siete plantas en Prolongación Paseo de la Reforma 275, donde funciona también un hospital para mascotas, una postproductora sacaba sus muebles del piso seis.
«No queremos problemas», dijo el que coordinaba la mudanza, mientras el vigilante contaba que los administradores estaban en una reunión para resolver el asunto.
En esa parte del terreno, la mayor parte son edificios de departamentos. Otras torres de departamentos de cristal, como el High Park, se continúan construyendo.
«Yo pensé que sólo querían los terrenos desocupados», dijo Guadalupe Hernández, una residente del piso 16, el penúltimo del edificio Vía Santa Fe.
Ella creyó que el embate era sólo con los terrenos baldíos. «Si se va con todos los edificios, ¿a dónde me voy a ir a vivir?», preguntó. Aunque el administrador de la torre Cosmocrat de 20 pisos, en el número 307, dijo que los residentes están a la espera de lo que vaya a pasar.
«La orden es dar seguridad, mientras los dueños resuelven sus amparos», comentó un oficial.
Un juez federal abrió en el 2018 la puerta para que fuera la Fiscalía General de la República (FGR) y no el Indaabin la que buscara una «forma que estime conveniente» para reclamar la propiedad de los inmuebles de Santa Fe, con base en un decreto del Porfiriato.
La estrategia original de la Administración Pública Federal para reclamar la posesión de los bienes inició con seis demandas civiles del Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) en el 2016, es decir, en sexenio de Enrique Peña Nieto.
En una de las demandas posteriores, presentada el 26 de diciembre de 2017, solicitó la nulidad absoluta de la propiedad de 11 predios de Prolongación Paseo de la Reforma 371.
Este juicio fue cancelado el 25 de octubre de 2018 por el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, al concluir que el Indaabin no estaba legitimado para entablar este tipo de litigios.
Sin embargo, ese fallo orientó y corrigió la estrategia de las autoridades, al establecer que quien sí tenía la legitimación para demandar era la entonces Procuraduría General de la República, hoy FGR, por ser la represente social de la Federación.
«Se dejan a salvo los derechos de la parte actora (Indaabin) para que, en su caso, por conducto de la PGR como legitimado, los haga valer en la vía y forma que estime conveniente», sentenció el juez Guillermo Campos Osorio, al resolver un incidente de legitimación activa promovido por uno de los propietarios.
Los predios que reclamó el instituto en esa demanda son los registrados con los números 1, 4, 14, 15 y 17, así como con las letras A,E, F, H, J y K.
De acuerdo con apoderados legales, lo que ocurrió a partir de 2019 es que el Indaabin volvió a reclamar por la vía civil los 11 predios del domicilio citado, pero ya no lo hizo en una sola demanda sino en varias y en distintos juzgados de distrito en materia civil.
Con base a estas indagatorias, la FGR empezó a citar a los propietarios para pedirles la devolución de los inmuebles sin contraprestación alguna.
El Indaabin, por su parte, presentó otras demandas el 30 de agosto y 30 de septiembre de 2019 ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil, para reclamar los predios L y 21 del inmueble de Prolongación Paseo de la Reforma 371.
Aquí, como en los litigios precedentes, solicita a la autoridad judicial la entrega de los bienes, incluidas las construcciones que en ellas se encuentren, o en su caso condenar a las empresas o propietarios a que paguen una indemnización a la Federación equivalente a sus posesiones.
«Todos los actos jurídicos celebrados en contravención a la Ley General de Bienes Nacionales, como en el caso acontece, por tratarse de un terreno reservado para uso público y bosques, por Acuerdo Presidencial de 30 de octubre de 1907, publicado en el Diario Oficial de los Estados Unidos Mexicanos el 4 de noviembre de 1907, resultarán nulos», alega el instituto.
«Como consecuencia de la nulidad absoluta de los actos jurídicos (se demanda) dejar a salvo los derechos del Ejecutivo federal para que, mediante la vía que proceda, obtenga de los codemandados la restitución del dicho inmueble con sus frutos, accesiones, construcciones y/o mejoras, o en su caso, como prestación subsidiaria el pago de una indemnización en favor de la Nación».
Con información de: Segundo a Segundo