Este lunes se cumplen 8 años desde que el pasado 26 de septiembre del 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Iguala, Guerrero fueron víctimas de desaparición forzada. Hasta este día aún hay preguntas sin responder sobre la verdad de lo que pasó con el Caso Ayotzinapa mientras los padres y las madres de los jóvenes normalistas no han logrado obtener justicia.
En entrevista para Grupo Fórmula, Melitón Ortega, integrante del Comité de Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, apuntó que a 8 años de distancia, aún no están conformes con las conclusiones del Informe sobre el Caso Ayotzinapa del gobierno federal presentado por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas en agosto pasado, donde sugieren que los 43 estudiantes ya no siguen vivos.
“Creemos que lo que presentó Encinas como una conclusión más general diciendo que en su proceso de investigación no pudo encontrar ningún elemento que permita tener esa evidencia que los estudiantes están vivos y que todos están sin vida, necesitamos más allá de un simple informe técnico, necesitamos elementos científicos que compruebe que efectivamente no están vivos”, declaró.
Ante ello, Melitón Ortega sostuvo que mientras no les presenten dichas pruebas científicas, “los padres y madres seguiremos exigiendo la presentación con vida de los 43 estudiantes”.
Por otra parte, Nicanora García, madre de Saúl Bruno García uno de los 43 normalistas desaparecidos, agregó que pese a la publicación del Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa en agosto pasado, no se sentirán satisfechos hasta saber dónde están sus hijos.
“La verdad ellos sí están trabajando muy bien, pero nosotros lo que queremos es que ya nos entreguen a nuestros hijos, es lo más importante para nosotros. Estaremos satisfechos hasta que nuestros hijos ya estén de regreso”, afirmó en entrevista para Grupo Fórmula.
Por otra parte, Pablo Hernández Morales, padre de Miguel Ángel Hernández Martínez, uno de los 43 normalistas desaparecidos, consideró que las autoridades están coludidas en el Caso Ayotzinapa.
“Nos están tapando el paso, no hay nada y así nos llevan desde los 8 años, dijeron que iban a llegar hasta la verdad, que cayera quien cayera; y a ver, así nos han estado diciendo desde el otro presidente, y este también cuando entró que iba a llegar a la verdad y no hay nada”, reprochó en entrevista para Grupo Fórmula.
¿Qué pasó la noche del 26 de septiembre del 2014 con los 43 normalistas?
De acuerdo con el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa publicado el 18 de agosto del 2022 por la Secretaría de Gobernación, la noche del 26 de septiembre en la ciudad de Iguala, Guerrero ocurrió lo siguiente:
Los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa tenían intenciones de trasladarse en autobuses a la Ciudad de México para la marcha del 2 de octubre de ese año; sin embargo, al no conseguir todos los camiones necesarios, realizaron varios intentos durante el día de obtener más unidades de transporte.
Alrededor de las 21 horas del 26 de septiembre lograron secuestrar dos autobuses de la terminal Estrella Blanca en Iguala y de ahí partieron en total 80 estudiantes distribuidos en cinco autobuses, de los cuales cuatro fueron con dirección al norte y el quinto salió por otra calle para después incorporarse al Periférico Sur de esa localidad.
Según el Informe, más tarde se generó un enfrentamiento entre elementos de la Policía Municipal de Iguala y los normalistas cuando esta interceptó los autobuses para obligar a los estudiantes a bajar de las unidades.
En el desenlace, un grupo de estudiantes fueron asegurados por la Policía de Iguala y otros por la Policía de Huitzuco para ser trasladados a Loma de Coyotes y al municipio de Huitzuco, pero algunos nunca aparecieron. También se señala en la más reciente investigación del Gobierno de México que a unos los habrían dejado cerca de la carretera de Iguala-Chilpancingo.
A su vez, el Informe destaca que esta situación ocurrió en medio de un contexto de confrontación entre los grupos delictivos Guerreros Unidos y Los Rojos, por lo cual se considera que la violencia en contra de los normalistas de Ayotzinapa podría relacionarse con este conflicto.
Además de que en el documento se incluyen diversas conversaciones de la policía estatal y entre los mismos integrantes de los grupos criminales, donde destacan las siguientes:
- Sidronio ‘N’ (Casarrubias) señaló en su declaración que la noche de los hechos a una persona identificada como “El Indio” le reportó que “no eran estudiantes, que eran Rojos que iban uniformados”.
- El testigo protegido “Juan” (Gildardo López Astudillo, “El Gil”) mencionó que la noche de los hechos Jesús ‘N’, apodado ‘el Güero Mugres’, dio la orden de matar a los que entraron a Iguala en las camionetas, ya que otro personaje identificado como “el Tilo” dijo que las personas que habían llegado eran “contras” y se habían revuelto con los estudiantes.
Hallazgos del Caso Ayotzinapa
Durante su campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió que daría con la verdad de los hechos de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014; ya como presidente electo, se comprometió con las familias de los 43 normalistas crear una comisión independiente que investigara el caso Ayotzinapa.
El 3 de diciembre de 2018, dos días después del inicio de su gobierno, se creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) con el objetivo de esclarecer los hechos ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2017 en Iguala.
En conjunto con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y organismos internacionales se llevaron a cabo investigaciones, estudios y la recopilación de material sobre la desaparición de los 43 estudiantes.
Los avances obtenidos fueron presentados en el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, donde señalan que se recuperaron 27 cuerpos y un “número importante de restos óseos” que permitieron identificar a sólo tres de los 43 normalistas desaparecidos; se trata de los estudiantes Joshivani Guerrero de la Cruz, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Alexander de la Mora Venancio.
¿Qué avances logró la Comisión en el Caso Ayotzinapa?
Tras más de 3 años de trabajo, el pasad0 18 de agosto se presentó el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, que dio a conocer nuevas conclusiones, entre ellas, que en la realización del crimen participaron funcionarios de los 3 órdenes de gobierno de entonces. Incluso se señaló que la desaparición de los 43 normalistas se había tratado de un crimen de Estado, es decir, con la colusión y participación de funcionarios del gobierno.
Además, en ese Informe se acusó que el propio gobierno había pactado difundir una versión de los hechos, conocida como “verdad histórica”, en la que se acordó dar a conocer una historia que evitara dar a conocer dicha colusión.
De inmediato, diversos funcionarios que estuvieron acusados de crear esta trama, que sugería que los estudiantes habían sido detenidos por policías municipales y entregados a criminales del grupo Guerreros Unidos, quienes quemaron a los jóvenes en el basurero de Cocula y rociaron sus restos en el Río San Juan, negaron que se haya creado una versión ‘a modo’ de los hechos.
En la “verdad histórica” también se descartó la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y cualquier otro cuerpo de seguridad federal, como la Policía Federal o la Gendarmería Nacional.
Tras la presentación del Informe, el primer detenido fue el extitular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam, quien estuvo a cargo de la investigación.
Además, en las semanas siguientes, ante esta nueva versión de los hechos, el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró 83 órdenes de aprehensión a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).
Ello contra 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; a 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; más 11 policías estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
Sin embargo, el nuevo Informe arrojó que las agresiones contra los normalistas no se dieron al mismo tiempo y en el mismo lugar, además de que se relata que al menos 6 de ellos habrían seguido con vida después del 26 de septiembre, y que fue un coronel, hoy general en retiro, José Rodríguez Pérez, quien ordenó su ejecución.
En dicho documento además se señala que quien dio la indicación de matarlos habría sido un personaje identificado como “A1”, de quien se dice sería el exalcalde de Iguala José Luis Abarca.
No obstante, el 22 de septiembre madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en conjunto con estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos realizaron un mitin frente a la FGR en la Ciudad de México para reclamar que se ha demorado en ejecutar las órdenes de aprehensión libradas desde hace semanas.
Al respecto, en la conferencia ‘mañanera’ del pasado viernes, uno de los asistentes cuestionó al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, sobre cuántas personas de las que están vinculadas con el Caso Ayotzinapa y que están señaladas en la investigación del gobierno federal ya se encuentran detenidas, a lo que admitió que no tiene la información.
“Te debo el dato concreto porque no tengo el reporte de la Fiscalía, no se nos ha notificado”, apuntó Encinas en conferencia de prensa el viernes 23 de septiembre.
Implicados en la desaparición de los 43 normalistas
En la semana del 20 al 25 de septiembre de 2022 las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en conjunto con estudiantes de la Normal Rural y organizaciones se abocaron a realizar un mitin cada día para exigir justicia y verdad sobre el paradero de sus hijos.
El 21 de septiembre se presentaron en la Embajada de Israel para exigir la extradición del extitular de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón de Lucio, ya que fue el encargado de la investigación de la desaparición de los jóvenes en Iguala y señalado de la construcción de la llamada ‘verdad histórica’.
Tomás Zerón de Lucio actualmente se encuentra en Israel, por ello los familiares de los 43 normalistas pidieron a la Embajada de dicho país en México que se agilicen los trámites de extradición del exfuncionario para que se lleve a cabo el proceso en su contra.
Al desenlace de esta protesta se realizaron pintas en el inmueble, hecho del cual Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los estudiantes desaparecidos, deslindó a los padres y a las madres de los 43 normalistas.
“Las pintas no corresponden al movimientos de madres y padres, sino a otros grupos. No corresponden a nosotros las consignas que tienen que ver con el conflicto palestino-israelí. Nuestras consignas tienen que ver con Tomás Zerón de Lucio”, explicó Rosales.
¿Qué hay sobre la ‘verdad histórica’?
El 19 de agosto de este año se detuvo al exprocurador General de la República Jesús Murillo Karam, ya que es señalado de haber organizado una reunión en la que participaron al menos 18 exfuncionarios federales y estatales para fraguar la llamada ‘verdad histórica’.
En dicha verdad se impulsa la versión de que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron incinerados en el basurero de Cocula. Al respecto, un juez concedió una suspensión provisional a Jesús Murillo Karam con lo cual no se podrá iniciar un juicio en su contra hasta que se resuelva el amparo que interpuso. Mientras tanto se encuentra en el Reclusorio Norte.
Ante ello, Pablo Hernández Morales, padre de uno de los 43 normalistas desaparecidos, reprochó en entrevista para Grupo Fórmula que es falsa esta ‘verdad histórica’.
“Es mentira, pura mentira que ellos hicieron”, subrayó Pablo Hernández.
Melitón Ortega, integrante del Comité de Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, coincidió con la expresión de Pablo Hernández y resaltó que “el propio Estado mexicano demostró que hubo una serie de irregularidades” y que la ‘verdad histórica’ “se montó bajo los estándares de la violación de los derechos humanos”.
“Enrique Peña Nieto hasta el último día de su mandato mantuvo con sus instituciones qué era lo que había pasado con los estudiantes, que habían sido quemados en el basurero de Cocula; hoy sabemos que no es así con elementos que los expertos han dado a conocer a la opinión pública, nos dan otra hipótesis con teorías científicas”, destacó.
¿Qué pasa con José Luis Abarca, exalcalde de Iguala?
El pasado 14 de septiembre, el exalcalde de Iguala José Luis Abarca que había sido vinculado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue absuelto por el juez Samuel Ventura Ramos en el juzgado de Matamoros, Tamaulipas de la causa penal que lo relacionaba con el secuestro de los jóvenes. No obstante, no quedó libre pues sobre él continuaban al menos 4 procesos más.
No obstante, apenas el martes 20 de septiembre se dio a conocer que a él junto con María de los Ángeles Pineda, se le giró una nueva orden de aprehensión por delincuencia organizada relacionada con el caso Ayotzinapa. Ello ante la acusación de tener vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos.
“Para mí es un delincuente porque él tuvo mucho que ver con la desaparición de nuestros hijos; si ya es necesario que lo suelten, pues que nos den a nuestros hijos primero y ya que vean si lo quieren soltar”, opinó Nicanora García, madre de uno de los estudiantes desaparecidos.
El integrante del Comité de Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Melitón Ortega, acusó que esto es un problema a nivel de los jueces federales donde algunos son “corruptos” y “están a favor de que nunca se esclarezca el tema de Ayotzinapa”.
“Hoy el Estado mexicano indica que Abarca es el que dio órdenes de desaparecer a los estudiantes, para nosotros es grave muy grave que un juez federal esté dándole una salida, quitándole ese delito que había cometido, por eso los padres estamos con ese enojo con las autoridades”, expresó.
Por lo cual, Melitón Ortega hizo un llamado, en entrevista para Grupo Fórmula, por parte de todos los padres y las madres de los 43 normalistas a que la FGR considere todas las evidencias que hay en contra de José Luis Abarca y su esposa.
“Que se arme nuevamente ese delito y se le acuse porque no puede andar libre un personaje que tiene mucho que ver con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa”, determinó
Al respecto, el juez Samuel Ventura Ramos, quien decidió la absolución de Abarca por la causa de secuestro, fue denunciado penalmente por parte del Gobierno de México y se interpondrá una queja en su contra ante el Consejo de la Judicatura por absolverlo.
El viernes 23 de septiembre se dio a conocer además que se giraron órdenes de aprehensión contra exfuncionarios del gobierno de Guerrero y de Iguala, como el exfiscal estatal Iñaki Blanco, la expresidente del Tribunal Superior de Justicia estatal Lambertina Galeana y el extitular de Seguridad Pública estatal Leonardo Octavio Vázquez; así como 4 funcionarios más, entre ellos el exjefe de policía de Cocula César Nava González, y el subdirector de la policía de Iguala Francisco Salgado Valladares.
Sin embargo, apenas el domingo, Proceso dio a conocer que la propia FGR solicitó cancelar 21 órdenes de aprehensión por el caso, entre ellas la última contra el exfiscal y la extitular del Tribunal Superior de Justicia, así como la que requería la detención de 16 militares.
Los militares vinculados con el Caso Ayotzinapa
El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, confirmó el pasado miércoles que ya se les dictó prisión formal al general de Batallón de Iguala, José Rodríguez Pérez, por delincuencia organizada y al capitán José Martínez Crespo y al cabo Eduardo Mota Esquivel por el mismo delito y desaparición forzada.
Estos tres miembros del Ejército Mexicano habían sido acusados, basado en el Informe del Caso Ayotzinapa, por el subsecretario de haber participado en la desaparición y asesinato de por lo menos 6 de los 43 normalistas de Iguala.
Revelación que a consideración de Melitón Ortega fue muy relevante, ya que habla de “la participación de los tres niveles de gobierno, las fuerzas armadas y la Marina”, y señaló el video que circuló donde se ve que los marinos hicieron “trabajo sucio para contaminar la investigación y darle fortaleza a la ‘verdad histórica'”.
Ante ello, el padre de Miguel Ángel Hernández Martínez, uno de los 43 estudiantes desaparecidos, sostuvo en entrevista para Grupo Fórmula que fueron los militares quienes actuaron en contra de sus hijos.
“Vimos ahí en las cámaras que se los llevaban en las patrullas”, subrayó.
Es así que Melitón Ortega manifestó que la demanda más fuerte de los padres y las madres de los 43 normalistas es “que haya detenciones de todos los elementos del Ejército Mexicano del 27 Batallón, la 35 zona militar y la 48 que está en Guerrero para que puedan enfrentar los delitos que les corresponden”.
“Esa es la demanda más urgente, no queremos que haya impunidad, que no queremos que el Gobierno de México esté protegiendo a los elementos del ejército mexicano porque es urgente, necesario esclarecer el tema de Ayotzinapa”, declaró en entrevista para Grupo Fórmula.
¿Militares inocentes?
Los abogados Alejandro Robledo y César Omar González aseguraron en entrevista con Manuel Feregrino que los militares son inocentes y se trata de una acusación “absolutamente falsa” por parte del subsecretario Encinas.
Reclamaron que en el expediente de investigación, al cual afirman no han podido tener acceso lo que entorpece el debido proceso y la debida defensa, no hay pruebas contundentes que demuestren los delitos por los cuales se culpa a los detenidos.
“Desaparición forzada no podría decir que de 6 o de 43 porque como no nos han prestado íntegro el expediente, es muy complicado saber exactamente en qué consiste la acusación; es un solo testigo “Juan”, no hay más pruebas que nosotros tengamos; este es testigo protegido, estuvo detenido durante varios años y hoy mágicamente empieza a recordar cosas a cambio de salir de la cárcel y los beneficios que estos le entregan”, reprochó el abogado Alejandro Robledo.
Por otra parte, el abogado César Omar González agregó que lo único que han podido ver es que la acusación a los militares “se basa en que los celulares estaban prendidos con posterioridad a la desaparición de los normalistas, cosa que a mí no me acredita que nadie ni los hayan matado, bueno nuestros defendidos; el hecho de que el teléfono este prendido a mí no me dice nada”, explicó.
También acusaron a Alejandro Encinas de presentar un informe “ilegal e inconstitucional”, así como de asumirse como ministerio público y de estar “extralimitando sus funciones”.
“El subsecretario se está asumiendo en contra de lo que establece nuestra constitución en el artículo 21, se está asumiendo como autoridad investigadora, como ministerio público hechos por los cuales desde luego nosotros ya presentamos la semana pasada una demanda de amparo en contra del subsecretario Encinas a efecto de que deje de violar las garantías individuales”, determinaron los abogados.
En el octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de la Normal Rural, el Caso Ayotzinapa sigue sin resolverse. Los padres y las madres de los estudiantes siguen buscando la verdad y desean que el gobierno federal haga lo que le corresponde para detener a los responsables y finalmente se haga justicia.
Con información de: Radio Fórmula