El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, envió una carta al Presidente Andrés Manuel López Obrador en la que señala que el militar sujeto a proceso por delincuencia organizada defiende su inocencia y se niega ser testigo protegido.
El Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, envió una carta al Presidente Andrés Manuel López Obrador en la que intercede por el capitán José Martínez Crespo, detenido por sus presuntos vínculos con el grupo delictivo “Guerreros Unidos” y su probable participación en el secuestro y desaparición de los 43 jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 y 27 de septiembre del 2014.
En una carta fechada el 18 de enero del 2021, la cual forma parte de los 4.1 millones de correos electrónicos extraídos por el colectivo de hackeractivistas Guacamaya de servidores de la Sedena, el general Luis Cresencio Sandoval afirma que el militar retirado, sujeto a proceso penal por el delito de delincuencia organizada, sufre depresión y tiene bienes que son acordes con sus ingresos como integrante de las fuerzas armadas.
La misiva es producto de una reunión que habría tenido el general Homero Mendoza con el capitán retirado en la prisión militar ubicada en el Campo Militar 1, el 15 de enero de ese mismo año, según el documento y en la cual se destaca lo siguiente:
En esencia presenta un estado anímico depresivo, refiriendo que percibe poco avance en el proceso judicial que se le sigue, por su presunta responsabilidad en el delito de DELINCUENCIA ORGANIZADA EN SU MODALIDAD DE CONTRA LA SALUD, por el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales de la ciudad de Toluca, Edo. Méx., de conformidad con la orden de aprehensión.
En el documento, se señala que el capitán que fue señalado por visitar diferentes puntos de Iguala la noche en que los estudiantes fueron secuestrados y desaparecidos en una alianza de autoridades locales y federales con integrantes del grupo delictivo “Guerreros Unidos” sin haber intervenido a favor de los jóvenes, se afirma que el capitán Crespo se negó a ser testigo protegido y está dispuesto a defender su inocencia, ya que no admitió vínculos con la delincuencia organizada ni con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Se le propuso acogerse al programa de testigo protegido, refiriendo que este ofrecimiento ya se lo había hecho el Lic. Alejandro Encinas, en la entrevista efectuada el 8 Dic. 2020, negándose por segunda vez a aceptarlo, ya que el asegura no ser responsable de haber participado en los hechos en que pretenden vincularlo a la desaparición de los estudiantes, ni pertenecer o haber pertenecido a algún grupo de la delincuencia organizada.
Más documentos de #SedenaLeaks
La misiva forma parte de otros documentos vinculados con el Caso Ayotzinapa que evidencian una intensa actividad al interior de la Sedena cada vez que se acercan fechas clave relacionadas con algún evento relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
Por ejemplo, en la agendas diaria de actividades enviadas al correo electrónico del General Secretario para el pasado mes de agosto, constan citas confirmadas con servidores públicos o ex funcionarios que están relacionados o pueden intervenir en los procesos de investigación del Caso Ayotzinapa, incluyendo al ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda.
Agendas enviadas al correo institucional del General Secretario directamente por su Secretaría Particular señalan que el 12 de agosto se reunió con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y con el Secretario General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Carlos Antonio Alpízar Salazar, quien ha sido señalado anteriormente por presionar a jueces y magistrados para que modifiquen sus resoluciones o sentencias en casos sensibles.
La reunión con Zaldívar se celebró 8 días antes de que la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (Uelica), a cargo en ese momento de Omar Gómez Trejo, solicitará a un juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales librar 83 órdenes de aprehensión contra supuestos delincuentes y servidores públicos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas, incluyendo 21 elementos del Ejército Mexicano.
El encuentro estaba programado a las 9 de la mañana en un comedor de la Sedena y en la agenda del General Luis Crescencio Sandoval aparece como confirmado. Aristegui Noticias buscó a la Dirección de Comunicación Social de la Suprema Corte, pero respondieron que no harán comentarios al respecto.
Posteriormente, el miércoles 17 de agosto de este año, Sandoval recibió en su despacho a quien fuera su predecesor en el cargo como titular de la Sedena, es decir, al general Salvador Cienfuegos Zepeda. El encuentro se celebró justo al mediodía, en caso de que se hayan cumplido con las previsiones oficiales.
Finalmente, el jueves 18 de agosto, el mismo día en que la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) presentó el informe en el que señaló al general José Rodríguez Pérez y al propio Capitán José Martínez Crespo por su probable participación en la desaparición de los 43 normalistas, el general Luis Crescencio Sandoval, se reunió con el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, y el ex consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.
La reunión con García Harfuch y Julio Scherer tuvo lugar a las 9 de la mañana en las instalaciones de la Sedena, desde Sandoval se trasladó ese mismo día a Palacio Nacional para estar presente a las 11 de la mañana en el informe que la Covaj presentó de manera privada ante los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos, así como ante sus representantes legales, de acuerdo con fuentes oficiales y con fotografías del evento a las que tuvo acceso Aristegui Noticias de forma previa a los #SedenaLeaks. Este medio de comunicación solicitó su versión a la oficina de prensa de la SSC para el caso de García Harfuch, pero no obtuvo respuesta.
La presencia de Julio Scherer destaca ya que dos abogados relacionados con el influyente ex servidor público, César Omar González Hernández y Alejandro Robledo Carretero, fungen como representantes legales de cuatro militares presos por su relación con el Caso Ayotzinapa, los cuales enfrentan un proceso penal por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos contra la salud, debido a supuestos vínculos con el grupo delictivo “Guerreros Unidos”, incluyendo al propio capitán José Martínez Crespo.
Los otros militares que defienden ambos litigantes son el general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Alejandro Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel, a quienes se les dictó auto de formal prisión el pasado 21 de septiembre,
César Omar González y Robledo Carretero forman parte del círculo de litigantes que la Fiscalía General de la República ha vinculado con el ex consejero jurídico, el primero de ellos como imputado por diversos delitos y el segundo cono parte del equipo de abogados que defendió a las cuatro personas acusadas de presuntas extorsiones en común acuerdo con Scherer Ibarra. Sin embargo, la FGR no logró acreditar sus imputaciones y fueron absueltos por un juez de control.
Cabe señalar que el pasado 27 de septiembre, tanto Robledo Carretero como González Hernández ofrecieron una conferencia de prensa afuera del Campo Militar 1, en la que acusaron al Subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación y titular de la Covaj, Alejandro Encinas, de politizar el caso Ayotzinapa y de fabricar pruebas contra los militares.
General propuso preparar a militares ante interrogatorio de la CIDH
El ambiente en la Secretaría de la Defensa Nacional nunca ha sido propicio para que se investigue el Caso Ayotzinapa a profundidad. Por el contrario, correos obtenidos por el hackeo de #SedenaLeaks muestran decenas de cartas y análisis enviados por el ex oficial Mayor de esa dependencia, General de División Humberto Alfonso Guillermo Aguilar, al ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, para que las fuerzas armadas rechacen cualquier posibilidad de que se acuse al Estado Mexicano de desaparición forzada en el caso de los 43 estudiantes normalistas y de que era necesario “preparar” a todos los militares pertenecientes al 27 Batallón de Infantería que pudieran ser citados en el marco de esta investigación, con el fin de negar cualquier participación en los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, la noche y madrugada de los días 26 y 27 de setiembre del 2014.
En un documento titulado “Aportación sobre el Tercer Informe de los Expertos de la CIDH en el caso Ayotzinapa” fechado el 16 de mayo del 2015 con la leyenda “Para Atención del General Secretario de la Defensa Nacional”, el militar que fue acusado de intervenir en la compra ilícita de armas alemanas, señala lo siguiente como parte de sus opiniones y recomendaciones:
III. OPINIÓN
No debe aceptarse que el caso Ayotzinapa se considere como Desaparición Forzada ya que no se reúnen todas las causales para calificarla de esta manera, además, que este concepto está vinculado al de Crimen de Estado, y el gobierno de México no ordenó ni participó en los hechos del 26 Sep. 14.
IV.RECOMENDACIONES
Preparar al personal del 27/o B.I. que será entrevistado por los expertos de la CIDH y revisar que los expedientes no tengan inconsistencias.
Con información de Aristegui Noticias