Marcela Loyola
Después de reconocer la vulnerabilidad que tiene México en ciberseguridad, diputadas locales lamentaron el presunto espionaje del que fueron víctimas por parte del Ejército Mexicano, líderes de colectivas y organizaciones feministas.
La integrante de la Comisión de Seguridad, diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero dijo que se tiene que valorar la necesidad de que intervenga el Mecanismo de Protección a defensores de Derechos Humanos y las Comisiones Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para atender el presunto espionaje al que están siendo sujetas las representantes de colectivas feministas en San Luis Potosí, por su influencia e impacto en las movilizaciones de mujeres.
“Hoy por hoy pues se ve la fuerza de las mujeres y lo que les inquieta (…) sí puede haber inquietud, porque obviamente se sabe que cuando investigan, pues investigan dónde estás, con quién convives, cuál es tu modo de vida, etcétera”, dijo.
Saldaña Guerrero también advirtió la necesidad de legislar en temas de ciberdelitos y atender las alarmas sobre la vulnerabilidad que tiene el país en el tema.
“Obviamente hemos escuchado que estos temas se dan no solo en México, sino en Chile, y otros países, la vulnerabilidad, a lo que está expuesta la seguridad nacional, fue algo que nos está diciendo que tan débil esta este punto, el que se estén filtrando todo este tipo de asuntos, el trabajo que se realiza”, dijo.
Al respecto, la presidenta de la Directiva del Poder Legislativo, diputada Aranzazú Puente Bustindui, manifestó que ninguna autoridad puede intervenir en actos privados y personales, pues debe respetar la privacidad, consideró que hay una línea delgada entre realizar el trabajo de seguridad nacional y violentar los derechos de las personas, como es el de la libre expresión y la privacidad.
Lo anterior, por el hackeo realizado por el colectivo “Guacamaya” y que derivó en la filtración de decenas de miles de documentos y correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desde 2016 a la fecha, donde se reveló la vigilancia a las líderes feministas.
