Otra madre que buscaba a su hija desaparecida fue asesinada, se trata del cuarto asesinato de activistas que buscan a familiares, desde 2021. Sus compañeros informaron el martes que la víctima era Esmeralda Gallardo, que encabezaba los esfuerzos para encontrar a su hija Betzabé Alvarado Gallardo, de 22 años, quien fue vista por última vez en el barrio humilde de Villa Frontera, Puebla en enero de 2021, misma zona donde su madre perdió la vida.
El grupo Voz de los Desaparecidos en Puebla señaló que Gallardo fue asesinada en esa ciudad; poco después la Fiscalía estatal confirmó el deceso y se comprometió a resolver el caso “lo antes posible”.
“Déjense de discursos superficiales y garanticen los derechos y seguridad de las víctimas, los derechos y seguridad de las familias de personas desaparecidas”, pidió el grupo a las autoridades en un comunicado.
Había sido amenazada y no recibió ayuda
El miércoles 5 de octubre, Víctor León, abogado de la víctima, aseguró en una entrevista para un medio nacional, que Esmeralda había denunciado amenazas y que se sentía en riesgo por intentar dar con su hija: “Denunció públicamente que se encontraba en peligro y la asesinaron cuando se disponía a ir a trabajar”, agregó.
Según los testigos, se encontraba esperando transporte cuando al menos cinco sujetos le dispararon al menos ocho veces, la acribillaron hasta la muerte. Los hombres huyeron, unos a bordo de una motocicleta y otros a pie, sin que hasta el momento, las autoridades tengan algún detenido, por lo que seguirán las investigaciones. A Gallardo le sobrevivieron otro hijo de 12 años y su nieta, la hija de Betzabé.
Riden homenaje y se despiden
Activistas, familiares, amigos y conocidos le dieron el último adiós a Esmeralda en el zócalo de la capital poblana, en el evento también aprovecharon para pedir justicia por ella y cientos de víctimas más cuyos casos siguen sin resolver.
Sobre este mismo caso, el representante en México de ONU-DH, Guillermo Fernández-Maldonado, señaló que “el caso de Gallardo, prácticamente un mes después del asesinato de la señora Rosario Lilián, es un nuevo doloroso recordatorio del alto riesgo y desprotección en que muchos familiares de personas desaparecidas se ven obligados a realizar labores de búsqueda y exigencia de Justicia”.
Además, reiteró “la gran importancia de que las instituciones responsables presenten resultados en la búsqueda e investigación y, simultáneamente, aseguren que las mismas se desarrollen en condiciones seguras”.
“Es impostergable que México cuente con una estrategia efectiva para garantizar seguridad a quienes buscan a sus seres queridos. Nos sumamos a las expresiones de la sociedad mexicana que considera inadmisible y contrario a sus valores que, tras la desaparición de un familiar, quienes exigen Justicia y su localización con vida, tengan además que enfrentar agresiones, descalificaciones y, en algunos casos, asesinatos”, añadió Fernández-Maldonado.
Desafortunadamente, no es el primer caso
En agosto, otra activista de búsqueda, Rosario Rodríguez Barraza, murió en el estado norteño de Sinaloa, donde tiene su base el cártel de la droga del mismo nombre. En 2021, otra buscadora, Aranza Ramos, apareció muerta un día después de que su grupo encontró una fosa de cadáveres aún humeante en Sonora, también en el norte. A principios de ese año, el voluntario Javier Barajas Piña fue tiroteado en Guanajuato, el estado más violento del país.
El motivo de esos asesinatos sigue sin estar claro. En el pasado, muchos buscadores dijeron públicamente que no buscaban evidencias para condenar a los autores de las muertes. La mayoría de los equipos de búsqueda voluntarios están formados por las madres de los desaparecidos en México.
Ante la inacción o la incompetencia de las autoridades, muchas se ven obligadas a realizar sus propias investigaciones o a unirse a equipos de búsqueda que, en base a pistas, recorren barrancos y campos hundiendo barras de hierro en el piso para detectar el olor revelador de los cadáveres en descomposición.
Los buscadores, y los agentes de policía que les acompañan en algunas ocasiones, suelen centrarse en hallar fosas e identificar los restos. A veces, los grupos reciben pistas anónimas sobre el lugar dónde están enterrados los cuerpos, una información a la que probablemente solo tienen acceso los asesinos o sus cómplices. Pero las voluntarias cuentan a menudo que reciben amenazas y están vigiladas, probablemente por la misma gente que asesinó a sus hijos, hermanos y maridos.
Desapariciones en México
De acuerdo con la información de la base del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, desde 2006 97 mil 543 personas han desaparecido en México, de las cales 36 mil 247 siguen sin localizar y el resto fueron halladas, pero 3 mil 767 sin vida. En promedio, las mujeres desaparecidas de entre 12 y 17 años representan el 22% de todos los casos de desaparición anual.
“En términos temporales, parecería que desde 2006 el fenómeno de desapariciones en México ha aumentado de manera considerable; pues mientras que en aquel año la tasa nacional de desaparición era de 0.29 desapariciones por cada 100 mil habitantes, en 2013 esta tasa fue de casi 12 desapariciones por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, esta intensificación puede deberse en parte a que, conforme pasó el tiempo, el sistema capturaba ma´s registros y no porque haya aumentado la intensidad del fenómeno”, se lee en un análisis llamado “Evaluación para el diseño del Nuevo Registro Nacional de Personas Desaparecidas”.
Según datos recogidos por Animal Político en 2020, estas son las razones más comunes de desaparición:
- Desapariciones relacionadas con crimen organizado: 13%
- Desapariciones forzadas: 1%
- Desapariciones voluntarias:17%
- Desapariciones por razón indeterminada: 29%
- Información incompleta: 40%
Feminicidio, otra llaga abierta
Este 2022 ha sido un año complicado en el tema de feminicidios, durante el primer semestre se registraron 493 casos documentados, siendo junio el mes más cruento, con 89 casos. El 2021 también fue un año complicado, pues hubo mil 16 y el mes más violento fue agosto con 112, el máximo histórico registrado en la presente administración. La mayoría de los casos se presentó en el Estado de México, Jalisco, CDMX, Veracruz y Nuevo León.
Con información de El Heraldo de México