Obtener una residencia permanente en los Estados Unidos no es fácil. No lo era antes, y no lo es ahora. Pero a partir de este 23 de diciembre muchas personas que ya viven en el país y que hasta ahora no podían calificar para la famosa tarjeta verde que otorga residencia legal, podrán hacerlo.
Meses atrás, la administración Biden a través del Departamento de Seguridad Nacional realizó modificaciones de la regla de carga pública mediante las cuales se eliminan algunas causales de inadmisibilidad para la obtención de la residencia legal permanente (conocida como Green Card) y otros beneficios migratorios. Los cambios entraron en vigor hoy.
Es decir, desde la presidencia de Donald Trump (que fue quien impuso estas medidas) y hasta hoy, si una persona recibía beneficios de salud pública, como Medicaid, o cupones gubernamentales para comida, quedaba invalidada para recibir una residencia permanente porque se entendía que esa persona era una carga pública para el país.
“No penalizaremos a las personas por acceder a los beneficios de salud y otros servicios gubernamentales complementarios disponibles para ellos”, afirmaba el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en ingles), Alejandro Mayorkas.
Todavía habrá una evaluación por parte de las autoridades migratorias de cada caso, y si determinan que se trata de una carga pública se le negará la Green Card. Pero haber recibido algún beneficio social no era justificativo inmediato para que la persona sea inadmisible para la residencia permanente. Si por el contrario, tras la investigación el oficial de inmigración determina que dicha persona no podrá valerse por si misma y dependerá en su mayor parte del gobierno, entonces podrán negarle la residencia.
Para ellos tomarán en cuenta la edad, el estado de salud, si tiene familia en el país, cuáles son sus ingresos y si tiene propiedades o ahorros, educación o destrezas que le permitan trabajar en el país.
También sigue existiendo la posibilidad de presentar el llamado Formulario I-864, mediante el cual un ciudadano de los Estados Unidos o un residente con ingresos demostrables suficientes se hace responsable por esta persona, haciendo que deje de considerarse una carga pública si fuera el caso. Si se le diera la Green Card y la persona necesitara beneficios públicos, luego no calificaría para la mayor parte de ellos ya que otra persona se comprometió ante el gobierno a afrontar esos gastos.
Las autoridades migratorias además confirmaron que no se considerarán como posible justificación de carga pública los beneficios del gobierno recibidos por familiares directos del solicitante de residencia permanente, algo que antes también se consideraba.
Con información de: Infobae