“No termina de seguir saqueado”, aseguró el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona al referirse al exgobernador Marcelo de los Santos Fraga, esto debido a que acaba de disolver una concesión para el manejo del penal de Ciudad Valles, misma que se acordó durante el sexenio del panista.
En entrevista, el mandatario agregó que en su momento, el Centro de Reinserción Social supuestamente tuvo un costo de construcción de 150 millones de pesos, pero que el precio que se pagó fue de 500 millones de pesos.
“Imagínense haberse llevado de una sola obra 350 millones de pesos, es una locura”, expresó.
Gallardo Cardona informó que, para no seguir pagando mensualidades durante ocho años más, lo cual estaba establecido en los términos de la concesión, recientemente la liquidaron con un pago de 80 millones de pesos, los cuales se pagaran en dos partidas iguales.
Agregó que otra de las irregularidades que heredó de Marcelo de los Santos fue el Tanque Tenorio, planta tratadora de agua de la capital potosina, a la cual se le concesionó el servicio de la Zona Industrial, por ello se le paga nómina y operación de la planta.
“¿En qué país o qué estado, funcionan esas concesiones? donde se le da la concesión para que trabajen y aparte se les pagan las operaciones, ese tema vamos a hacer un juicio muy grande”, adelantó el mandatario.
Debido a que no les han pagado los gastos de operación, los operadores de la concesión activaron una línea de crédito, lo cual derivó en una retención de 200 millones de pesos de las participaciones federales por parte de Banorte, para solventar dicho adeudo sin haber llegado la fecha de vencimiento, ya que la administración estatal tenía hasta el 17 de febrero para pagar.
En este sentido, Gallardo Cardona aseguró que la retención fue una ilegalidad de parte del banco, por lo cual se interpondrá una denuncia ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), y se podrían romper las relaciones administrativas con la institución bancaria, teniendo que migrar las nóminas de los trabajadores de los burócratas estatales.
“Incluso si nosotros tuviéramos que pagar la ratería, todavía teníamos hasta el 17 de febrero, se adelantaron y retuvieron las participaciones”, enfatizó.
Con información de: Pulso