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La CEDH promovió acción de inconstitucionalidad contra reformas a la Ley de Educación

Marcela Loyola

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Giovanna Argüelles Moreno, informó que se promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí publicada en enero del 2023, por no realizar una consulta a las personas con discapacidad.

Explicó que, en esta ley se hacía una modificación al Capítulo VIII de Educación Inclusiva, en la cual no se tomó en cuenta a todas las personas involucradas, esto manifestado inicialmente a través del Mecanismo Independiente de Monitoreo Estatal de la Convención de las Personas con Discapacidad (MIME).

Dijo que, la ciudadana Mariana Cabrero en su calidad de integrante del MIME señalo a través de este mecanismo que el Instituto Bilingüe Intercultural para Sordos A.C. no fue invitado a dialogar sobe las modificaciones a la Ley antes mencionada, dado que no tuvo previo conocimiento.

La CEDH en consideración de esta exclusión determinó que la falta de consulta con respecto a esta ley, no excluyó solamente a las personas sordas, sino a todas las personas con discapacidad en el Estado.

“La ley impugnada en una norma dirigida a las personas con discapacidad, claramente constituye un acto legislativo que afecta a las personas con diferentes condiciones de discapacidad, entre ellas las personas sordas. Ello en virtud de que dicha legislación se expidió con el objeto de impulsar la plena integración e inclusión a la sociedad de las personas con discapacidad, mediante la protección de sus derechos y necesidades fundamentales en educación”, dijo.

Argüelles Moreno manifestó que, se está solicitando que el Congreso local celebre consultas previas, estrechas y con la colaboración activa de las personas con discapacidad, toda vez que la Ley mencionada incide en cuestiones que atañen directamente a las personas con discapacidad en la entidad.

Añadió que, ha sido muy importante la cercanía de los colectivos y asociaciones civiles con el fin de solventar los asuntos que constituyen una violación a los Derechos Humanos de las personas involucradas.

Las y los integrantes del MIME en específico, dentro de sus capacidades de monitoreo han sido coadyuvantes en el desarrollo de acciones como la mencionada, siempre poniendo en el centro las causas sociales y la paz social.

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