El exgobernador Juan Manuel Carreras López autorizó a través de la Oficialía Mayor diversos gastos millonarios de dudosa legalidad durante gran parte de su sexenio, por lo cual, la Contraloría General del Estado realizará una investigación para determinar si las mercancías fueron entregadas o no, si cumplían con las especificaciones, si hubo sobreprecios y si los proveedores cumplían con los requisitos y si estaban a salvo de conflictos de interés.
Crece la sospechosa al detectarse que las compras millonarias se realizaron en gran parte cuando la pandemia asolaba la entidad y casi el 100 por ciento de la burocracia y funcionarios estaban bajo la modalidad de “home office”. Los extitulares de la Oficialía Mayor que serán sujetos a investigación, al igual que los proveedores, son: Elías Pesina Rodríguez, ahora regidor capitalino; Ada Amelia Andrade Contreras, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, hoy secretario general del ayuntamiento capitalino y Miguel Ángel Carbajal Martínez.
Tan solo en consumibles de cómputo, Carreras gastó 192 millones 754 mil 498 pesos, de los años 2017 al 2020; el proveedor favorito resultó Lujime Comercialización SA de CV, al recibir la mayor cantidad, que asciende a 113 millones 96 mil 231 pesos, lo cual resulta a simple vista un exceso porque el principal producto habría sido “toners” o cartuchos para impresora y recargados, no originales, memorias USB u otros artículos de bajo precio.
Como representante y socio de esta empresa aparece José Luis Martínez Delgado y otorgó poderes a Soledad Freyre Ramírez; otra socia es Martha María Magdalena López Machuca.
Los otros proveedores con montos menores fueron María Blanca Centeno Cárdenas, Administradora y Servicios Computacionales SA de CV, del exdirigente empresarial Rodolfo Narro Loris, Benjamín Romero, Matilde Luz Bocard Meraz, Pedro Arriaga Gamboa, Jorge Jaime Gómez Martínez y Félix Estuardo Bocard Meraz.
MC Microcomputación del Bajío SA de CV, de León, Guanajuato, propiedad de Eduardo Gustavo, Salvador y Aurelio Morales Corona; Lira y Hernández SA de CV, del Distrito Federal, y propiedad de María Alejandra Lira González y Guadalupe Claudia Hernández Almaraz; y Abastecedor Corporativo SA de CV., del Estado de México y cuyos dueños son José Armando y Edgar Glika Ochoa.
Lujime Comercialización SA de CV, cuya sede está ubicada en Miguel Barragán 773-A, en el barrio de San Miguelito, su fachada da la apariencia de ser un almacén, y en una lona describe sus servicios y se precisa que es una “Outsourcing especializado en compras”. Esta empresa no solo fue la más favorecida en el gobierno de Carreras con la compra millonaria de consumibles de computación, también lo fue con artículos de papelería y limpieza.
En papelería, de los años 2017 al 2020, le vendió al gobierno 58 millones 555 mil 533 pesos; en el 2020 hubo una ampliación al ejercicio (de presupuesto) por más de 10 millones de pesos en beneficio de Lujime Comercialización SA de CV y en menor medida de Papelería Foyo, otra proveedora que habría recibido alrededor de 15 millones de pesos en ese mismo año.
En total, durante el periodo referido, Carreras gastó 101 millones 756 mil 454 pesos, repartidos entre Lujime Comercializadora SA de CV, que se llevó más de la mitad, las personas físicas María Blanca Centeno Cárdenas, Jesús Manuel Barba Guerrero y Luis Alejandro Uresti Cerrillos; y la mencionada Papelería Foyo.
En material de limpieza, del 2017 al 2020, el doctor Carreras gastó 53 millones 293 mil 591 pesos, de los cuales Lujime Comercializadora SA de CV que se llevó 17 millones 587 mil 669 pesos, fue superado por Lucía Flores Rodríguez, con 21 millones 203 mil pesos 84 pesos; otros proveedores con cantidades inferiores fueron Dalce del Centro SA de CV, María Blanca Centeno Cárdenas y Serlimax Servicios Profesionales SA de CV.
La outsorcing Lujime Comercialización se echó a la bolsa en el gobierno de Carreras en cuatro años por lo menos 189 millones 239 mil 433 pesos mediante adjudicaciones directas, y sobre la empresa recae la sospecha que fue utilizada por el exgobernador y sus colaboradores para saquear al erario simulando compras y con un elevado sobreprecio, por lo que está por iniciarse una investigación por la Contraloría Estatal.
