Marcela Loyola
El secretario general de Gobierno del Estado, Guadalupe Torres Sánchez dijo que, una vez detectadas las anomalías en proveedurías de la Oficialía Mayor de la pasada administración, lo que sigue es documentar y justificar los gastos irregulares, para que se pueda sancionar a los responsables.
Explicó que, al advertirse un hecho con apariencia de delito, se presenta la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE), para que esta se aboque a la investigación, y en su caso judicialización, a la par la Contraloría General del Estado, tendrá que hacer las acciones internas correspondientes.
“La Contraloría General del Estado, quien entiendo genera el hallazgo, deberá darle continuidad hasta el final al caso, ello implica que a través de un procedimiento donde se dé el derecho de audiencia a las partes”, dijo.
Torres Sánchez manifestó que, dentro de la posible audiencia que se dé por parte de la Contraloría, se tendrán que dar argumentos, comprobar y justificar las acciones, sin embargo, los resultados podrían derivar incluso en inhabilitación de funcionarios involucrados.
Abundó que, se debe revisar toda la documentación, recalcó que el hecho de que en algún momento se hayan dado algunas facturaciones simuladas, no implica que en la actualidad se de el mismo acto, ante la probabilidad de nuevos tratos con algunos de los proveedores de la anterior administración.
Lo anterior, después de que el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, diera a conocer los gastos excesivos en tóner, suministros de cómputo y papelería, durante el 2020 y 2021, por parte de la Oficialía Mayor del gobierno de Juan Manuel Carreras López.