Uno de los principales compromisos del Gobierno del cambio que encabeza Ricardo Gallardo Cardona es garantizar la igualdad de género desde una perspectiva transversal, que permita a las mujeres vivir una vida libre de violencia, por ello, el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP) y el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado (CJM), firmaron un convenio de colaboración que se traducirá en el fortalecimiento de la atención y oferta de servicios integrales y multidisciplinarios a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos.
Lo anterior lo informó la secretaria ejecutiva del SECESP, Ana Elisa Loredo Torres, quien destacó que el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha instruido a fortalecer y visibilizar el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes potosinas, garantizando con ello, una vida libre de violencia y su plena participación en la sociedad, necesaria para el desarrollo y crecimiento del Estado.
Explicó que las acciones que acompañarán este acuerdo estarán encaminadas a realizar proyectos de prevención en conjunto, participación en ferias de esta misma materia en las cuatro zonas del estado, así como la sensibilización, capacitación y empoderamiento por parte del personal del CJM a las integrantes de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz (Mucpaz), estrategia que promueve el SECESP y que a la fecha suma un total de cinco grupos de trabajo, tres de ellos en la capital (colonias Rancho El Aguaje y Valle Verde, además del Mercado República) y dos en el municipio de Catorce (Real de Catorce y Estación Catorce).
De igual forma, el SECESP brindará capacitación a usuarias y personal administrativo y directivo del CJM respecto a temas como “Prevención de la Violencia Digital con perspectiva de género” y “Prevención de riesgos digitales”, así como sobre la propia Estrategia Mucpaz.
Con estas acciones, el Gobierno del cambio, el SECESP y el CJM reafirman el compromiso de implementar una política de prevención que permita reducir los factores de riesgo que generan la violencia y delincuencia a través de alianzas estratégicas que fomenten la cultura de paz, seguridad y legalidad al interior del Estado.