El gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) fueron multados por el Poder Judicial de la Federación debido a que por tres años y seis meses, han dado “evasivas y omisiones” al cumplimiento de un ordenamiento judicial para planear e instalar en Rioverde una estación de monitoreo ambiental, de acuerdo a información de la organización Cambio de Ruta.
El grupo de activistas ambientales dio a conocer el pasado 11 de abril un oficio enviado por el Juez Segundo de Distrito Jaime Linares Martínez, en el que establece contra los funcionarios una sanción económica equivalente a 100 Unidades de Medida y Actualización, que son 10 mil 374 pesos.
“El monto de la multa en el apercibimiento se determina porque las autoridades aludidas han sido renuentes a los requerimientos dictados por este órgano jurisdiccional”, señala el texto.
Se refiere al fallo emitido desde el 31 de octubre de 2019, es decir, hace 42 meses, por esa instancia en el amparo 801-208 presentado por Cambio de Ruta contra la omisión de la Segam de instalar una estación de monitoreo ambiental en Rioverde.
Ambas instancias, acusadas como instancias responsables del incumplimiento, recurrieron la decisión, pero en noviembre de 2020, fue ratificada en un amparo en revisión.
A partir de esa fecha y hasta el seis de marzo de este año, la Segam y la Secretaría de Finanzas emitieron 37 oficios en los que presuntamente se informaba de los avances para el cumplimiento del fallo, sin que se concretara.
El pasado 4 de abril, la parte afectada reportó al juez esta situación y siete días después, se dio la respuesta judicial.
La actitud de los funcionarios sancionados, según el juzgado “denota su menosprecio por acatar un mandato de autoridad; conducta recurrente que, además, entorpece y dilata la prosecución de un juicio de amparo.
Además de la sanción, el fallo apercibe a las instancias estatales a cumplir con el fallo ordenado, so pena de recibir una nueva sanción, de 50 UMAs.
El monto de la sanción, acota el fallo, no deberá ser cubierto del erario, sino del propio bolsillo del gobernador y del secretario.
Con información de: Pulso