El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “bateo” por unanimidad de los 11 ministros, la petición que había presentado la Presidencia de la República, a través de su Consejería Jurídica, para no resolver el próximo lunes las siete acciones de inconstitucionalidad que presentaron diversos actores jurídicos para impugnar la primera parte de la reforma electoral, conocida como “Plan B”.
En sesión privada, las 11 ministras y ministros determinaron “que no es factible atender dicha petición, ya que la impugnación presentada en 2023 se listó con fecha fija para el próximo lunes 8 de mayo, en términos de la legislación aplicable, toda vez que se ha tramitado con carácter de reforma electoral, lo que convierte el citado asunto en un asunto prioritario que se debe resolver antes de que inicie el proceso electoral del 2024.
La ministra Presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, sometió a consulta del Pleno la solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal de no resolver la acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, hasta en tanto no se pronuncie sobre otra acción presentada en 2018, en contra del decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social, dando como resultado una negativa unánime a dicha petición.
“El Pleno consideró que el análisis que comenzará el próximo lunes no provocará el dictado de sentencias contradictorias ni afectará los principios de seguridad y certeza jurídica, ya que en este asunto se impugnaron procedimientos legislativos que son distintos a los controvertidos en 2018, a pesar de que se trate de la misma norma (Ley General de Comunicación Social)”, explicó la SCJN en un comunicado.
Además, en la sesión privada de la Suprema Corte se informó que el proyecto de sentencia relativo a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas, cuya resolución reclamaba la Presidencia de la República, no ha sido entregado a la Secretaría General de Acuerdos de la SCJN.
El proyecto de sentencia para dicha reforma estaba en manos de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, pero no lo ha entregado a sus compañeros del Pleno y tampoco se había agendado con anterioridad para su aprobación o rechazo ante el Pleno de la Corte.
Por lo anterior, a partir de este lunes comenzará el análisis, debate y votación del proyecto de sentencia que propone invalidar la primera parte de las reformas electorales del llamado “Plan B” por vicios graves en el procedimiento legislativo al que recurrió la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados, para lograr su aprobación.
La determinación de la Suprema Corte se da un día después de que la Presidencia de la República solicitara aplazar el debate sobre las impugnaciones a las leyes Generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas aprobadas en diciembre del 2022, con el fin de que se vote primero una acción de inconstitucionalidad promovida en 2018 en contra de Ley General de Comunicación Social.
En este marco, el Pleno de la Suprema Corte, en una sesión exprés, aplazó la discusión de dos acciones de acciones de inconstitucionalidad presentadas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) contras las leyes locales para el manejo de archivos en los estados de Chiapas y Yucatán.
El aplazamiento fue solicitado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena con el argumento de que hará ajustes a su proyecto, derivado de las votaciones que se dieron durante la semana para revisar la constitucionalidad de otras leyes de archivos del ámbito estatal.
Con esta decisión que fue aprobada por unanimidad, las siete acciones de inconstitucionalidad promovidas contra la primera parte del Plan de la Reforma electoral encabezan la lista de asuntos por resolver para la sesión del próximo lunes 8 de mayo.
Con información de Aristegui Noticias