Marcela Loyola
La comunidad universitaria del Centro de Información en Investigación y Posgrado (CIIP) de la Universidad Autónoma San Luis Potosí (UASLP), manifestó su preocupación y rechazo por el proyecto de desaparecer la Biblioteca Universitaria con el pretexto de reubicarla.
A través de un comunicado, los inconformes señalaron que al enterarse de manera extra oficial de dichas pretensiones, se convocó a una asamblea para coordinar acciones de defensa del espacio. Durante la reunión, el pasado 01 de junio, las autoridades de la UASLP, informaron que el motivo de la reubicación se derivaba de una reestructuración de los espacios del Centro.
El 02 de junio, la UASLP emitió un nuevo comunicado en el que se informa que el CIIP no será privatizado, “sino que se enfocará en fortalecer las actividades de vinculación social y emprendimiento como el resto de las aulas y espacios que alojan al centro de emprendimiento e innovación correspondiente a la división de vinculación”.
Ante estos planes, los inconformes puntualizaron que la Biblioteca presta un servicio indispensable a la comunidad universitaria y a la sociedad en general; ya que es un espacio de intercambio de ideas, de estudio y de investigación; no es un almacén de libros.
Agregan que, de acuerdo a la autoridad universitaria, los libros serán distribuidos “en los diversos edificios de posgrado”, por lo tanto, admiten que no se trata de una reubicación, sino de un desmantelamiento, pues los edificios del Posgrado de Derecho, de Contaduría y Administración y el Instituto de Metalurgia no tienen el espacio ni los recursos humanos para dar el servicio que presta el CIIP.
“Es importante señalar que, de concretarse esta acción, la UASLP incumpliría compromisos con el Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), pues los posgrados que utilizan el CIIP son parte del Sistema Nacional de Posgrado (SNP). Además, implicaría la violación de diversos derechos humanos y derechos universitarios”, advierten.
Por esta situación, la comunidad universitaria exige: que la Biblioteca se mantenga en el espacio físico en el que se encuentra actualmente; que en las decisiones sustanciales que afecten el funcionamiento del CIIP, se privilegie los intereses y derechos de la comunidad universitaria y; que se respete el carácter público de los espacios que han sido construidos con recursos públicos.
Asimismo, que se garanticen los derechos de las personas docentes, trabajadores y estudiantes que desarrollan sus actividades laborales y académicas en el CIIP; que la autoridad universitaria no confunda a la opinión pública justificando como actividades de vinculación social, el uso de los espacios públicos para fines privados.