Marcela Loyola
Personas con discapacidad acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), para solicitar al organismo que inicie una acción de inconstitucionalidad contra Ley de Salud Mental y la Ley para la Inclusión para las Personas con Discapacidad, aprobadas por el Congreso del Estado la semana pasada, al señalar que la consulta fue una simulación.
Catalina Torres Cuevas, secretaria general de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo, Capítulo San Luis Potosí, lamentó que, la consulta no fuera focalizada y no se realizará de forma correcta en beneficio de los beneficiarios.
Expuso que, desde el formato la consulta estuvo mal, pues se utilizó un esquema de sí o no, lo cual no esta aprobado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que señala que las consultas deben ser estrechas y no es darle a todos un papelito.
Abundó que, además el propio asesor del Congreso del Estado reconoció que no se había tomado en cuenta la consulta, por lo que no pueden validar una nueva simulación y exigen que realmente se les tome en cuenta.
Torres Cuevas manifestó que, “a Ley de Salud Mental hablaba precisamente de la discapacidad mental y sus familias que, tampoco fue focalizada y se abrió para todos, yo por ejemplo vivo la discapacidad todos los días por mi esposo que es una persona con movilidad limitada porque está en silla de ruedas y bueno pues tenemos que subir rampas y etcétera, pero no tenemos el mismo problema que las personas sordas o ciegas o con discapacidades mentales”.
Añadió que, tampoco se toma en cuenta las necesidades de las personas “porque no se enteraron, el formato no permitía conocer las necesidades de las personas con discapacidad y eso es lo que se va a entregar a la CEDH y darle seguimiento porque queremos que no vuelva a suceder, porque consideramos que esto no es viable y queremos trabajar juntos esta acción de inconstitucionalidad”.
La activista pidió a la presidenta de la CEDH, Giovanna Arguelles, trabajar juntos para que a la brevedad se pueda presentar la acción de inconstitucionalidad, ya que tienen hasta le próximo 7 de julio para hacerlo, con lo que nuevamente se echarían abajo la Ley de Salud Mental y la Ley para la Inclusión para las Personas con Discapacidad.
Abe recordar que, por mandato de la SCJN el Congreso del Estado tenía que realizar consulta previa de los dos ordenamientos jurídicos, pues ya en una ocasión anterior habían sido invalidado por no consultar.