Marcela Loyola
Miles de personas participaron en la 12va Marcha por el Orgullo LGBTIQ+, para exigirle al Congreso del Estado y los gobiernos que cumplan con la obligación de generar políticas públicas para abatir la violencia y discriminación contra la comunidad, así como el reconocimiento y respeto pleno a sus derechos como personas de la diversidad sexual y de género que se encuentran armónicamente reconocidos en la legislación estatal, nacional, e internacional.
A partir de las 4 de la tarde, comenzaron a reunirse en las inmediaciones del Parque de Morales, donde hubo miles de personas y, a partir de las 6 de la tarde, salieron marchando al Centro Histórico de la capital potosina.
Los participantes en la marcha portaban banderas, pintas, disfraces, coronas y demás objetos para que los distinguieran. Además, llevaban carros alegóricos con bocinas con música para bailar y poner ambiente.
A través de un comunicado de las personas LGBTIQ+ de San Luis Potosí, señalan que han sido históricamente discriminadas por su orientación sexual, identidad y expresión de género.
“Esta discriminación es estructural porque se reproduce a través de múltiples plataformas que conforman el imaginario colectivo: leyes, políticas públicas, creencias religiosas, planes educativos, medios de comunicación, tradiciones, prácticas culturales o el lenguaje, este último cuando se transforma en discursos de odio, pueden llegar a ser sutiles, subir de niveles, hasta al extremo de privar la vida de las poblaciones LGBTIQ+”, dijo.
Recordaron qué, en febrero pasado en su carácter de personas pertenecientes a la diversidad sexual y de género, interpusieron un recurso de amparo, solicitando la protección de la justicia federal, en virtud de que las poblaciones LGBTIQ+ son titulares de los derechos reconocidos en el bloque constitucional, entre ellos los de seguridad e igualdad y no discriminación, mismos que en el estado actual son vulnerados por el Congreso del Estado ante la falta de asignación de recursos para restituir y garantizar sus derechos como población LGBTIQ+ de la entidad.
En base a los instrumentos jurídicos exigien que las autoridades cumplan con su obligación no solo de respetar los derechos, sino de buscar activamente su realización a través de sus respectivas competencias, eliminando toda barrera que pueda menoscabarnos; en el caso en particular, se reclama la ausencia de una partida presupuestal destinada a reducir la brecha de desigualdad de las personas de la diversidad.