La justicia electoral brasileña inhabilitó este viernes a Bolsonaro para participar en las elecciones durante 8 años, hasta 2030, cuando tendrá 75 años.
La condena por abuso de poder político, que contó con el voto favorable de cinco de los siete jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE), deja al exmandatario al margen de las próximas presidenciales de 2026, así como de otros comicios para diferentes cargos.
El juicio se enfocó en cuestionamientos infundados que Bolsonaro realizó en una reunión con diplomáticos extranjeros sobre la fiabilidad del sistema electoral brasileño antes de los comicios de 2022, cuando perdió la reelección ante su archirrival, el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
En ese encuentro, transmitido por la TV pública y redes sociales, el entonces mandatario mostró voluntad de “incitar a la inseguridad, la desconfianza y la conspiración, combustible de un creciente sentimiento colectivo anti-institucional”, sostuvo el juez instructor del caso, Benedito Gonçalves.
Bolsonaro ha rechazado la condena como “una puñalada por la espalda” y su defensa anticipó que la recurrirá ante el Supremo Tribunal Federal, la máxima corte brasileña.
Incluso para un político como él, que durante décadas reunió votos sin tener una estructura partidaria fija, el desafío de mantener la unidad y fidelidad de su movimiento ahora se complica.
“Lo que probablemente va a ocurrir es una fragmentación del bolsonarismo”, dice Isabela Kalil, coordinadora del Observatorio de la Extrema Derecha brasileña, a BBC Mundo.
Sin embargo, tanto ella como otros analistas descartan que esto por sí solo acabe con la carrera política del expresidente.
“Electores muy diversos”
El que se dirimió este viernes en el TSE es apenas uno de los problemas legales que enfrenta Bolsonaro, quien perdió el fuero privilegiado desde que dejó la presidencia el 1º de enero.
Otras investigaciones abarcan desde su respuesta a la pandemia de covid, siendo acusado de divulgar falsedades sobre la vacuna contra un virus que mató a más de 700 .000 brasileños, hasta su responsabilidad en el asalto de sus seguidores a los edificios de gobierno de Brasilia el pasado 8 de enero.
Bolsonaro siempre ha seducido a los votantes desafiando los límites de lo posible en Brasil.
Fue elegido por primera vez concejal de Río de Janeiro tras ser juzgado por un tribunal militar en 1988, cuando era capitán del Ejército, por su presunta participación en un plan para exigir el aumento de los salarios castrenses que incluía el uso de bombas en cuarteles.
Si bien en aquella ocasión resultó absuelto, ese mismo año pasó a la reserva y se dedicó a la política con el apoyo clave que había ganado entre los sectores militares.
Más tarde, Bolsonaro llegó al Congreso brasileño, donde pasó 27 años como diputado federal, generando nuevas polémicas y denuncias en su contra: se declaró “a favor de la dictadura” y fue condenado a indemnizar por daños morales a una diputada tras decirle que “no merece” ser violada.
Al mismo tiempo, aumentó su caudal electoral hasta ser electo presidente en 2018, en medio de una colosal crisis económica en el país, escándalos de corrupción y un amplio desencanto con la clase política.
Sus votantes son en gran medida conservadores y evangélicos, pero también tiene apoyo de grupos militaristas, nacionalistas, ultras y defensores de las armas.
“Bolsonaro consiguió juntar públicos y segmentos de electores muy diversos entre sí. Hoy no hay una figura en Brasil que pueda hacer lo mismo; no hay un sustituto de Bolsonaro”, señala Kalil.
Disputas internas
Docente de la Fundación Escuela de Sociología y Política de São Paulo, Kalil cree que podrían surgir disputas internas en el bolsonarismo.
“Por ejemplo, determinados segmentos de electores van a apoyar candidatos conservadores no religiosos, otros pasarán a apoyar a conservadores religiosos, otros (a postulantes) más vinculados a la agenda de las armas, otros más radicalizados, otros a líderes antigénero y transfóbicos”, señala Kalil.
Marco Antonio Teixeira, un politólogo de la Fundación Getúlio Vargas, una universidad brasileña de élite, coincide en que “en el vacío que se abre en el bolsonarismo pueden surgir nuevos liderazgos de derecha a lo largo del tiempo”.
Señala como un posible sustituto al gobernador de São Paulo, Tarcíso de Freitas, un exingeniero del Ejército y exministro de Infraestructura del gobierno de Bolsonaro.
Los tres hijos mayores del expresidente se han dedicado a la política y alguna vez fueron vistos como sus eventuales herederos electorales, pero analistas como Teixeira consideran eso improbable por el desgaste que han tenido.
Bolsonaro dijo hace unos días que su actual esposa, Michelle Bolsonaro, podría competir en las urnas, pero añadió que carece de “experiencia” para ser presidenta.
De hecho, el expresidente ha evitado nombrar de inmediato un sucesor, aunque dice tener una “bala de plata” para las elecciones de 2026.
“No estoy muerto”
La historia reciente brasileña muestra que puede ser apresurado tomar la inhabilitación de un expresidente como el fin de su vida pública.
Fernando Collor de Mello renunció a la presidencia de Brasil cuando era sometido a un juicio político por corrupción en 1992 y fue declarado inelegible por ocho años.
Pero Collor fue electo senador en 2006 y se mantuvo en el cargo por más de una década. En mayo de este año, el Supremo brasileño lo condenó a 8 años y 10 meses de prisión por otro caso de corrupción.
Lula también fue condenado por corrupción en 2017, en el marco del megaescándalo del Lava Jato, y el TSE lo declaró inelegible en las elecciones del año siguiente que ganaría Bolsonaro.
Pero luego de pasar 19 meses preso, el líder de la izquierda brasileña recuperó la libertad, el Supremo anuló sus condenas por errores en los procesos, y el año pasado volvió a ser electo presidente por menos de dos puntos de ventaja sobre Bolsonaro.
Con información de Aristegui Noticias