La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Petróleos Mexicanos (Pemex) aumentaron de 10.7 a 30 millones de dólares la reparación del daño exigida a Emilio Lozoya Austin, por lo que la audiencia de este martes fue diferida para el 31 de agosto.
Luego de más de cinco horas de audiencia, el juez de Control Genaro Alarcón no concedió la libertad al exdirector de Pemex, por los casos Agronitrogenados y Odebrecht, ante el aumento del acuerdo en casi 200 por ciento.
A la salida de la audiencia, el abogado de Lozoya Austin, Miguel Ontiveros, señaló que raya en la extorsión, porque “nosotros fuimos absolutamente transparentes y le informamos al señor juez de la causa las circunstancias bajo las cuales se habían dado una serie de reuniones, en la sede de la UIF y Pemex, donde participamos la defensa”, ambas instituciones y el padre del acusado.
“Se formuló una solicitud, que nosotros consideramos infundada, ilegitima, consistente en incrementar un 200 por ciento el monto de reparación del daño, de 10.7 a 30, que ya había sido sustentado y aprobado por el Consejo de Administración de Pemex”.
“Que había sido señalado, claramente, de manera documentada por las propias instituciones en su acusación coadyuvante, 10.7 y que era además la cantidad que se fijó para los efectos de firmar, el 11 abril de 2022 y se nos solicitaron 30 millones de dólares”.
“Nosotros preguntamos al Gobierno de México cuál era el sustento, fundamento, de esos 30 millones de dólares y desafortunadamente no obtuvimos respuesta. Ante esa falta de fundamentación, le informamos al señor juez que considerábamos, no sólo desproporcionada, sino además discriminatoria en agravio de Lozoya”, añadió y detalló.
Con información de Quadratín