Black Wallstreet Capital, empresa dedicada a la asesoría de inversiones que era regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tiene vínculos con individuos que se encuentran bajo investigación por formar parte de una red internacional de tráfico de drogas y lavado de dinero que conecta a cuatro países y dos continentes, revela una investigación conjunta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Quinto Elemento Lab, Aristegui Noticias, Narcodiario y el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
A lo largo de siete meses, este consorcio de medios investigó la logística de una operación transnacional que saca a la luz los nexos en México de una organización dedicada al narcotráfico y el lavado de dinero.
Organización que las autoridades de Colombia, España y Países Bajos se encuentran investigando por el trasiego de toneladas de cocaína y metanfetamina hacia Europa.
Un empresario cubano-mexicano es pieza central de esta investigación periodística: Juan Carlos Minero Alonso, socio principal y director de Black Wallstreet Capital (BWC), la financiera mexicana que se haría famosa tras un cateo efectuado el 15 de marzo del 2023 en la colonia Anzures de la capital mexicana.
Para esta investigación se revisaron una veintena de amparos, más de 20 horas de audiencias judiciales, informes de inteligencia de cuatro países, una docena de actas constitutivas y bases de datos con registros de exportación, además de realizar entrevistas y decenas de solicitudes de información. Este equipo de reporteros también tuvo acceso a una filtración de más de 13 millones de documentos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia.
Este reportaje se inscribe en el marco del proyecto “NarcoFiles: El Nuevo Orden Criminal”, liderado por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que busca exponer los tentáculos del crimen organizado mundial.
Un cateo de 70 millones de pesos
Durante años, Juan Carlos Minero Alonso construyó su imagen como uno de los asesores financieros más reconocidos del sector. El joven banquero, como se autodenomina en su perfil de LinkedIn, impartía conferencias en universidades e incluso era consultado como fuente por periodistas de distintos medios.
Su empresa, Black Wallstreet Capital, comenzaba a tener mayor reconocimiento entre las firmas del país. Sus pronósticos financieros eran retomados por la Encuesta de Sentimiento de Mercado de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; además, desde el 2016 contaba con el permiso otorgado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para operar como asesora en inversiones.
Sin embargo, una escueta denuncia anónima sobre la entrada de paquetes “sospechosos” y la presencia de hombres armados en la sede de Black Wallstreet Capital, ubicada en Cuvier 104, colonia Anzures, sacudió la imagen pública de Minero y expuso las operaciones de la compañía.
El 15 de marzo a las 11:07 decenas de agentes de la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, cercaron el edificio de Black Wallstreet y apoyados por una patrulla ingresaron por la fuerza al inmueble con marquesina roja.
Durante el cateo, los agentes de la Fiscalía detuvieron a 5 personas, entre ellas al dueño de la financiera, Juan Carlos Minero Alonso, y decomisaron armas largas, supuesta droga y 168 mil dólares en efectivo.
Otro de los detenidos, Hernán Samper Richard, ocupa el cargo de comisario en la empresa Inmobiliaria Costarica Mexicana del Caribe, propiedad de Ana María González Quintero, una funcionaria de la Dirección General de Administración de Inversiones de la CNBV, encargada precisamente de vigilar y supervisar las operaciones de empresas como Black Wallstreet Capital.
El cateo se convirtió rápidamente en uno de los casos más emblemáticos de la corrupción con la que operan los agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México.
Las armas fueron sembradas, la droga incautada resultó ser polvo blanco y los agentes destruyeron todas las cámaras del lugar. Además, la empresa acusó que desaparecieron más de 70 millones de pesos en efectivo, aunque esto contraviene la Ley del Mercado de Valores, que establece que las asesoras en inversiones tienen prohibido recibir dinero en administración o custodia.
La negligencia y la corrupción de la Fiscalía de la CDMX derivaron en la liberación de los 5 detenidos tras un proceso penal de casi dos meses y medio. Hasta el momento hay ocho servidores públicos sujetos a prisión preventiva y bajo investigación por dichas irregularidades.
Sin embargo, la investigación realizada por este consorcio de medios –con apoyo de documentos oficiales– revela que el socio principal de Black Wallstreet Capital tiene nexos con dos personas que forman parte de una confederación de delincuentes que traficaron, durante más de diez años, toneladas de cocaína y metanfetaminas a Europa escondidas en ladrillos de hormigón.
Algunos de los personajes involucrados en esta red criminal han sido detenidos en países como Colombia y España, mientras que en México han quedado en libertad por fallas, omisiones y corrupción de las autoridades.
Esta investigación consultó directamente a Juan Carlos Minero sobre la relación de su empresa con las personas señaladas por autoridades de otros países por presuntas actividades criminales a través de un amplio cuestionario. En sus respuestas, Minero declaró: “sí me gustaría ser muy insistente en que no existe nexo alguno de mi persona con una red de narcotráfico”.
La ruta de los ladrillos
La red de empresas de Juan Carlos Minero Alonso revela la conexión, hasta ahora inédita, Ámsterdam-Anzures. La figura clave es Alonso José Raúl Alverdi Benavides, un mexicano de 46 años. Ambos fundaron en 2021 la empresa Comercializadora Alvmin; Alverdi puso el 95% del capital, Minero el 5% restante.
El acta constitutiva de la empresa también señala que Alvmin estaba ubicada en el mismo domicilio que Black Wallstreet Capital, en Cuvier 104, colonia Anzures.
Minero contestó a este grupo de periodistas que Alverdi se acercó a BWC “para que se administrara la que dijeron era un riqueza obtenida en el sector de transporte de carga y construcción cementera”.
La historia de Alverdi comienza en Países Bajos. Una solicitud de asistencia de la Fiscalía neerlandesa a la Fiscalía de Colombia, incluida dentro de los NarcoFiles, explica una parte de la trama.
En julio de 2021, la Fiscalía General de Países Bajos solicitó a las autoridades colombianas su colaboración para investigar a Jean Paul Hoyos Bohórquez, un residente del Valle del Cauca, por su supuesto involucramiento en el envío de varias toneladas de pasta base de cocaína y metanfetaminas a Europa.
La investigación comenzó luego de que la Europol lograra infiltrarse en los servidores de Encrochat, un servicio de mensajería encriptado usado por los criminales a nivel internacional. En esa aplicación, todos los delincuentes usaban un alias para ocultar sus verdaderas identidades.
Los agentes pronto descubrieron un chat donde “Sodapuppy” —en realidad, según las autoridades, Jean Paul Hoyos Bohórquez, un ciudadano colombiano y neerlandés— intercambiaba mensajes con “Corncrusher”, a quien las autoridades neerlandesas identificaron como el mexicano Alonso José Raúl Alverdi Benavides –el socio de Minero Alonso–.
La conversación dejaba al descubierto que Hoyos Bohórquez se encargaba de traficar la pasta base de cocaína, mientras que Alverdi Benavides coordinaba la elaboración de la misma en laboratorios ubicados en Países Bajos, así como el envío de las ganancias de vuelta a México y Colombia usando un entramado de empresas en Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong.
Los documentos dan cuenta de que tan sólo en 2020 Hoyos Bohórquez transfirió 18 millones de euros por las ganancias, mientras que Alverdi Benavides llevaba los registros en unas “listas de administración”.
De acuerdo con informes policiales de España y Colombia, la droga comenzaba su viaje en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, en la zona fronteriza de Colombia con Venezuela.
Los detalles de cómo salía de Colombia no son claros, pero dos diarios mexicanos, Reforma y Milenio, mencionaron que la droga llegaba a México a través de un avión Hawker con matrícula XB-RCM que las autoridades mexicanas interceptaron y obligaron a aterrizar en una carretera del estado de Quintana Roo en julio de 2020.
Un informe interno de la Secretaría de la Defensa Nacional obtenido por este consorcio de medios revela que, tras el súbito aterrizaje, tres camionetas con hombres armados descargaron la droga del avión, le prendieron fuego y emprendieron la huida.
Lo que las autoridades neerlandesas sí detallaron fue que los estupefacientes llegaban a Europa escondidos en ladrillos de hormigón que eran enviados en contenedores desde el puerto mexicano de Veracruz con destino a Barcelona.
El método por el que se introducía cocaína y metanfetaminas fue descrito por la Policía Nacional de España como “prácticamente infalible”. La cocaína iba protegida en el interior de los bloques, mientras que la forma y consistencia de los mismos hacían que el relleno ilegal pasara desapercibido en los controles aduanales, expone el reporte interno al que esta investigación tuvo acceso.
El cruce de diversos informes internacionales también permitió ubicar a una empresa mexicana que se encargaba de hacer los envíos.
Las sospechas en Europa comenzaron desde 2017 y recayeron sobre Magniexport S.A., una compañía creada por Efigenio y Bernardo Castillo Zazueta en 2009, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
El monitoreo de la empresa desencadenó la operación conjunta “Éboli-Bacterio-Chilango” entre España, Países Bajos y la Europol, que tres años después resultó en el desmantelamiento de una de las principales redes de introducción de cocaína en Europa vía Barcelona.
La información sobre Magniexport en México es escasa. Su objeto social menciona la exportación de cualquier tipo de mercancías, desde legumbres y hortalizas, hasta materiales de construcción. En realidad, lo único que exportaron entre 2011 y 2022 fueron 2,346.8 toneladas de tabiques y no precisamente vacíos.
Este equipo de reporteros intentó contactarse con la empresa por medio del correo electrónico inscrito en el SAT y en los registros de exportación, pero no obtuvo respuesta.
En 2019, las autoridades de Países Bajos y España descubrieron en Rotterdam un almacén con 2.5 toneladas de metanfetamina, mientras que en Utrecht, una ciudad con un toque arquitectónico entre lo medieval y lo moderno, decomisaron 17 mil litros de precursores empleados para producir drogas sintéticas. Las sospechas apuntaban a que los envíos provenían de la empresa mexicana.
Fue hasta 2020 cuando la Policía Nacional y la Guardia Civil españolas confirmarían la hipótesis. Le siguieron la pista a dos contenedores con ladrillos hasta una nave industrial en Sant Boi, una localidad contigua a Barcelona.
A martillazos o arrojándolos contra el piso, los oficiales rompieron los bloques descubriendo que la tercera parte de ellos traían paquetes por un total de 834 kilogramos de cocaína y 10 kilogramos de metanfetamina.
Una semana después detectaron otro envío de Magniexport. En esa ocasión taladraron los tabiques, hallando algo más que material de construcción: 536 kilogramos adicionales de coca.
El total de las incautaciones en Países Bajos y España asociadas a la empresa mexicana sumaron 2,549 kilogramos de metanfetaminas, 1,370 kilos de cocaína y 17,000 litros de precursores químicos valuados en 121.4 millones de euros, unos 2,974.7 millones de pesos al tipo de cambio promedio de 2020.
Pero es probable que la cantidad de drogas que ingresó a Europa por este método fuera mayor a lo que se confiscó. Las autoridades en Barcelona apenas revisaron 2 de los 55 envíos de ladrillos provenientes de Veracruz que Magniexport realizó en poco más de una década.
Jean Paul Hoyos Bohórquez deja entrever esta posibilidad cuando en Encrochat las autoridades holandesas ubicaron que recibió un mensaje de “Mildcalm” —de quien se desconoce su identidad—. La conversación hablaba sobre uno de los decomisos de drogas escondidas en ladrillos que llegaron a Barcelona:
“¿Sabe? Lo que no puedo entender es lo que pasó, estamos pensando si nos recompensaron en el camino (…) hemos pasado muchos controles y nunca en 12 años han descubierto nada”.
El operativo “Éboli-Bacterio-Chilango” concluyó en 2021 con 16 detenciones en España y Países Bajos. 14 eran europeos y sólo 2 eran mexicanos, aunque ninguno de ellos era Bohórquez ni Alverdi Benavides. Alverdi sería detenido en México hasta 2022, mientras que Hoyos Bohórquez fue detenido en Colombia en 2023, donde espera su extradición a Países Bajos.
Un informe de la Policía Nacional de Colombia menciona que Alverdi Benavides “estaría al servicio de alias Boliqueso” y señala a Hoyos Bohórquez “Sodapuppy” de ser “una persona contratada por la organización criminal y participar como socio en envíos de droga”.
El heredero del narco en Colombia
Eduard Fernando Giraldo Cardoza “Boliqueso” era el narcotraficante más buscado por Colombia en los últimos años. Capturado el 19 de abril de 2022 en la Ciudad de México, el hecho fue anunciado como un importante golpe al narcotráfico internacional en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en Twitter por su entonces homólogo en Colombia, Iván Duque.
De acuerdo con un informe interno de la Secretaría de Marina titulado “Caso San Ignacio”, del que este consorcio de medios tiene una copia, desde 2020 la Marina y la Policía Nacional de Colombia comenzaron a seguirle los pasos a “Boliqueso”. A lo largo de dos años lo ubicaron en exclusivas zonas de Cancún, Monterrey, Ciudad de México (Polanco y Bosques de las Lomas) y Huixquilucan (Interlomas), en el Estado de México.
La relevancia del colombiano radica en que era uno de los liderazgos más importantes del Clan del Golfo, la mayor organización criminal que actualmente opera en Colombia y que, de acuerdo con información de la Fiscalía Nacional de ese país, se considera un aliado histórico de los cárteles mexicanos del Noreste, de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
El líder previo del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David “Otoniel”, fue detenido en Colombia en octubre del 2021. Su captura se comparó con la de Pablo Escobar en los 90. Tras la extradición de Úsuga a Estados Unidos, “Boliqueso” se convirtió en un capo en ascenso dentro del Clan del Golfo, hasta ganar el título del “narcotraficante más buscado de Colombia”.
En el país sudamericano, la deportación de “Boliqueso” y su eventual proceso de extradición a Estados Unidos continúa siendo un tema relevante. La Corte del Distrito Este de Nueva York lo reclama por cargos de narcotráfico, misma corte que ha llevado casos de alto perfil como el de Joaquín “El Chapo” Guzmán o el del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna.
En México, tras el revuelo inicial de la detención de “Boliqueso”, el caso pareció caer en el olvido.
Esto, a pesar de que en el informe del “Caso San Ignacio” la Marina deja constancia de que en labores de inteligencia y seguimiento al círculo más cercano de “Boliqueso” ubicaron, al menos desde 2020, más de 10 domicilios y personas mexicanas señaladas de ser sus colaboradores.
Uno de los inmuebles que aparecen en el reporte de la Marina es el 21-C de la calle Hacienda de la Luz, ubicado en un fraccionamiento cerrado de la exclusiva zona de Interlomas, en Huixquilucan, Estado de México.
En esta residencia, el 10 de marzo de 2022 –un mes antes de la detención de “Boliqueso”– la FGR, Marina y Guardia Nacional ingresaron con la orden de cateo 398/2022.
Entre las 9 personas detenidas en el hecho se encontraban Alonso José Raúl Alverdi Benavides, su primo Alejandro González Benavides y Édgar Francisco Muñiz Álvarez, los tres relacionados con Juan Carlos Minero Alonso a través de empresas distintas.
Una revisión de las actas constitutivas indica que Juan Carlos Minero y Alverdi Benavides son accionistas de Comercializadora Alvmin, con domicilio en el edificio de Black Wallstreet Capital; Minero fue administrador único de Industrias Green Gold (renunció al cargo en 2020), fundada por Alejandro González y también comparte dirección con BWC; y Édgar Muñiz es socio de Seguridad Privada e Inteligencia Militar Halcón, donde Minero es administrador.
Según se constató en las sentencias de amparo y las audiencias ligadas a la causa penal 65/2022 de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la FGR, la diligencia duró 16 horas y hubo una interrupción porque los elementos no podían abrir la pesada puerta de hierro que aseguraba una habitación en el segundo piso, donde estaba González Benavides, propietario de la residencia.
La Marina tuvo que enviar el “Titán”, un ariete resguardado en las oficinas de la Secretaría. Dos horas después, cuando la puerta cedió, el hombre comentó que no había abierto antes porque pensó que lo estaban engañando y que sus rivales, a quienes llamó “los contras”, lo querían matar.
En el domicilio fueron incautadas 25 armas de fuego, varias cajas de cartuchos, 21 relojes de lujo, celulares, una computadora, una báscula gramera, seis ampolletas de fentanilo líquido, 7 vehículos de alta gama y placas diplomáticas falsas.
Para el momento en que Alverdi Benavides fue detenido en México, la Fiscalía de Países Bajos también llevaba dos años investigando su rol en una de las redes de narcotráfico más prolíficas de Europa. No obstante, el proceso penal en México no incluyó nada de la investigación internacional y se limitaría a los hechos de Huixquilucan.
Mientras se cerraba la pinza sobre los socios comerciales de Minero Alonso, el director y accionista de Black Wallstreet Capital comenzó a solicitar amparos ante una posible acción penal en su contra.
En respuesta a esta investigación periodística, Minero declaró que se enteró de las detenciones de sus socios, pero que “tenía 8 o 9 meses que ya había decidido separarme de este grupo de personas porque no compaginé con las acciones y formas de vida que estaban llevando versus las que alguna vez les conocí (…) lo que a todas luces pretendían era hacer pasar sus recursos como lícitos al buscar tener negocios derechos con socios comerciales respetables y reconocidos”.
Una búsqueda realizada por esta investigación encontró que Juan Carlos Minero interpuso cinco amparos consecutivos entre marzo y agosto del 2022, todos contra posibles órdenes de aprehensión.
Conocidos como amparos “rastreadores”, estos se presentaron en fechas clave relacionadas con los cateos y detenciones contra esta red de tráfico de drogas ligada a “Boliqueso”.
Por ejemplo, el expediente 289/2022 se presentó el 29 de marzo del 2022, dos semanas después de que se conoció la detención de quien era su socio Alonso José Raúl Alverdi Benavides.
Otro amparo que está alineado cronológicamente es el 758/2022, mismo que fue presentado para protegerse de alguna orden de aprehensión en su contra. Minero argumentaba que la fecha de la posible orden era el 21 de abril del 2022, es decir, dos días después de que fuera detenido y deportado “Boliqueso”, pero las autoridades negaron el acto reclamado.
Dinero bajo sospecha
Tras las detenciones de Alonso Alverdi Benavides en Huixquilucan y “Boliqueso” en Ciudad de México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de Juan Carlos Minero Alonso y de su empresa, Black Wallstreet Capital.
Un informe de la UIF –del cual este consorcio de medios posee una copia– detalla al menos siete reportes de operaciones inusuales de la compañía por montos que llegaron a superar los mil 700 millones de pesos.
BWC prácticamente retiraba cantidades similares a las que recibía. Por ejemplo, entre julio de 2021 y enero de 2022 recibió depósitos por 1,746.9 millones de pesos, mientras que hizo retiros por 1,736.65 millones de pesos.
Aunque se mostraba como una empresa exitosa, entre 2015 y 2021, presentó declaraciones anuales de impuestos federales en las que declaró ingresos por 83.79 millones de pesos y deducciones por 85.90 millones de pesos, lo que significó pérdidas.
Sin embargo, dentro del reporte de la UIF, existe un párrafo que resalta entre todos los demás.
En él, la UIF señala que BWC Independiente SA de CV (razón social de Black Wallstreet Capital) “mantiene operaciones financieras con Industrias Green Gold SA de CV, empresa relacionada con Liliana María Restrepo Valencia, pareja sentimental de Eduard Fernando Giraldo Cardoza AKA ‘Boliqueso’”.
Aunque la pareja sentimental de “Boliqueso” no figura en el acta constitutiva de Industrias Green Gold, ésta revela dos cosas. La primera, que la empresa comparte domicilio con Black Wallstreet Capital, en la calle de Cuvier 104.
La segunda, que el accionista mayoritario de la empresa es Alejandro González Benavides, quien fue detenido junto con su primo, Alonso Alverdi Benavides, durante el cateo del inmueble ubicado en Huixquilucan.
De acuerdo con informes de inteligencia de la Secretaría de Marina de México y de la Policía Nacional de Colombia, Alonso Alverdi Benavides estaría al servicio del capo colombiano Eduard Fernando Giraldo Cardoza “Boliqueso”.
El dueño de BWC, Juan Carlos Minero Alonso, confirmó a este consorcio de medios el bloqueo de sus cuentas por una investigación de la UIF que lo vinculaba con estas personas:
“La UIF, sin notificación alguna ni fundamento alguno, bloqueó nuestras cuentas por la misma supuesta relación que presumen existía entre mi persona y estos malandrines, sin embargo ninguna relación real existe, yo caponeaba una entidad lícita, que pagaba impuestos, que hacía actividades reguladas y con total transparencia”.
Parte de esta información fue hecha pública por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el 2 de junio de 2023, horas después de que Minero Alonso y los otros cuatro detenidos en el cateo de Black Wallstreet Capital fueran liberados del Reclusorio Norte por las irregularidades y abusos cometidos durante su captura.
El vocero de la Fiscalía, Ulises Lara López, presentó seis diapositivas con datos de las transacciones de BWC que daban cuenta los ingresos y egresos de la financiera.
El bloqueo de las cuentas de Minero Alonso y la financiera BWC fue impugnado por los representantes legales del empresario mexicano a través de un juicio de amparo que finalmente logró desbloquear las cuentas bancarias de ambos.
Sin embargo, el amparo otorgado al empresario cubano-mexicano no niega las transferencias de dinero entre las empresas y personas vinculadas con esta red internacional de drogas, sino que apela a una jurisprudencia de la Suprema Corte de México que obliga a que exista el respaldo de una petición internacional.
Aunque las alertas saltaron desde que la UIF bloqueó las cuentas de BWC en septiembre de 2022, no fue hasta mayo de 2023 —y sólo después de que el cateo se hizo mediático— cuando la CNBV canceló el registro de la empresa para operar como asesora en inversiones.
A pesar de que existen documentos e investigaciones en otros países sobre esta red, la Unidad de Inteligencia Financiera no anexó a su solicitud documentos internacionales, de acuerdo con las resoluciones judiciales.
Además, este consorcio de medios preguntó a la UIF si presentó una querella contra Black Wallstreet Capital y sus socios por operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero la dependencia se negó a contestar.
Impunidad a la mexicana
Las investigaciones internacionales contra esta red de tráfico de drogas y lavado se han traducido en detenciones y decomisos exitosos en Colombia, España y Países Bajos, mientras que Eduard Fernando Giraldo Cardoza, “Boliqueso”, ya está en proceso de extradición de Colombia a Estados Unidos.
En el caso de México, las investigaciones realizadas durante tres años sobre personas de esta misma red se han traducido en dos cateos que se han convertido en grandes fracasos para las fiscalías mexicanas.
En total, fueron detenidas 14 personas, pero todas fueron absueltas de las acusaciones iniciales y ya se encuentran libres.
La primera y más contundente derrota fue la que sufrió la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con el fallido cateo a la sede de Black Wallstreet Capital que concluyó en la liberación y absolución de los cinco detenidos, incluyendo al financiero Juan Carlos Minero Alonso, pieza clave de esta investigación periodística.
Para ingresar a las oficinas de BWC en un cateo considerado ilegal por jueces, la Policía y la Fiscalía capitalina tuvieron que abrir un boquete en el inmueble.
La segunda derrota se dio apenas el pasado 12 de octubre, cuando el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya, Gregorio Salazar Hernández, ordenó la libertad de Alonso José Raúl Alverdi Benavides, de su primo Alejandro González Benavides y de otras siete personas que habían sido detenidas en Huixquilucan, Estado de México.
En ambos cateos, la liberación y anulación de los procesos penales se decretó por irregularidades graves cometidas durante el trabajo de las Fiscalías.
En los procesos judiciales contra personas vinculadas con Alonso José Raúl Alverdi y Juan Carlos Minero, la FGR y la Fiscalía de la CDMX se basaron en denuncias anónimas y se limitaron a presentar pruebas de delitos cometidos en flagrancia, los cuales se anularon por las irregularidades cometidas al momento de los cateos y detenciones.
El juez de la Ciudad de México que llevó el caso de Black Wallstreet Capital, Gustavo Alfonso Ramírez Sequera, fue lapidario sobre la mala actuación de la fiscalía capitalina al momento de dictar la absolución y liberación de los cinco detenidos debido al “efecto corruptor” del cateo y a la falta de pruebas mostradas en la audiencia.
“Si ese cateo es la base de toda la acusación, no solo de los delitos federales, también es la base de la acusación por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Todo surge de una diligencia de cateo, se observa viciada, sí, se observa que va más allá de lo permitido, sí, y desde luego ¿qué pasa? Compartir el efecto corruptor que tiene la autoridad federal, si de origen todo ello está viciado, es evidentemente que toda la información que se obtiene, a la postre estará viciada”, concluyó.
El resultado de la negligencia mexicana es que en lugar de procesos judiciales exitosos y cuantiosos decomisos de droga como los registrados en España, Colombia y Países Bajos, la Fiscalía General de la República y su homóloga de la Ciudad de México sólo han logrado el aseguramiento de armas, autos, joyas y seis cápsulas de fentanilo.
Ni en el caso del cateo realizado por la FGR en Huixquilucan, Estado de México, ni en la acción de la Fiscalía capitalina contra BWC se aportaron pruebas adicionales para tratar de juzgar a los detenidos por sus vínculos con la red internacional de tráfico de drogas con operaciones en cuatro países.
La Fiscalía de Colombia y la Fiscalía de Países Bajos investigan la red internacional de narcotráfico de la que forma parte Alonso Alverdi Benavides, socio de Juan Carlos Minero, dueño de Black Wallstreet Capital
A la fecha de esta publicación, la información de inteligencia generada por la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía de Países Bajos, la Policía Nacional de España y el Departamento de Justicia en Estados Unidos no se ha presentado como dato de prueba ante jueces federales o locales.
Tanto la Fiscalía capitalina como la Fiscalía General fueron consultadas sobre el caso BWC y la red internacional de tráfico de drogas y lavado de dinero, pero no respondieron.
Una fuente de la Guardia Civil de España que pidió no ser citada, declaró a este consorcio de medios que las autoridades de ese país solicitaron a México información sobre Magniexport, la empresa que enviaba cocaína oculta en ladrillos de hormigón. Pero las autoridades mexicanas no habrían respondido.
Sobre este caso, la FGR y la Agencia Nacional de Aduanas de México fueron cuestionadas sobre su cooperación con autoridades extranjeras y si había alguna investigación en México, pero no hubo respuesta; la UIF respondió que declinaba hacer comentarios.
Las defensas de Juan Carlos Minero Alonso y Alonso José Raúl Alverdi Benavides hoy pueden presumir que sus clientes son víctimas del indebido proceso, pero aún deben aclarar el vínculo entre ellos que se revela a través de NarcoFiles.
No obstante, las operaciones de BWC con personas ligadas a la red de tráfico de drogas que ha sido investigada por España, Colombia y Países Bajos no se han judicializado en México: se trata de un round que la Fiscalía General de la República y Juan Carlos Minero no han peleado.
El equipo del proyecto: Iván Alamillo (Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad), Violeta Santiago (Quinto Elemento Lab), Juan Omar Fierro (Aristegui Noticias), David González (OCCRP), Lilia Saúl (OCCRP), Brecht Castel (Knack), Víctor Méndez (Narcodiario), Juanita Vélez, Antonio Baquero (OCCRP), Nathan Jaccard (OCCRP), Sally Mairs (OCCRP), Alexander Dziadosz (OCCRP), Paul Vugts (Het Parool).
Este artículo es parte de NarcoFiles: el nuevo orden criminal, una investigación periodística transnacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus innumerables tentáculos y quienes los combaten. El proyecto, liderado por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), se inició con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de La Nación de Colombia que fue compartida con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Quinto Elemento Lab, Aristegui Noticias y más de 40 medios de comunicación en todo el mundo. Los periodistas examinaron y corroboraron el material junto a cientos de documentos, bases de datos y entrevistas.
con información de: Aristegui Noticias, MCCI, Quinto Elemento Lab, Narcodiario y OCCRP