Llevarán a juicio internacional a AMLO por encarcelamiento ilegal de Martell Santos

Marcela Loyola


Activistas potosinos buscarán llevar un juicio internacional contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por el encarcelamiento ilegal del luchador social potosino Pablo Martell Santos, quien está preso en una cárcel federal en Tapachula, Chiapas, por los delitos de despojo y asociación delictuosa.
El abogado, Antolín Santiago Santos señaló que, el activista agrónomo Pablo Martell se encontraba asesorando el pasado 16 de noviembre a campesinos de Chiapas para trabajar las tierras, cuando fue detenido, junto con 18 campesinos, por órdenes del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, junto con la Fiscalía de Chiapas, pese a que no había una orden de aprensión.
Explicó que, a los campesinos los asesoraba para trabajar una tierra de 41 mil hectáreas de la que fueron despojados por narcotraficantes en durante el sexenio de Felipe Calderón y ahora es propiedad del expresidente Vicente Fox Quezada, quien tienen a sus hijastros Bribiesca trabajándola y venden madera, pese a que ese no es su uso es de zona agrícola.
Antolín Santiago dijo que, primero interpondrán un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y después un juicio por la vía internacional, derivado de que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene conocimiento de lo que sucede en Chipas, donde el pasado 19 de noviembre en Palenque hubo dos muertos, derivado de que el gobierno mando a golpear a los campesinos, iban civiles armados abordo de vehículos de la policía municipal.
“No hemos visto intervención de presidente y el último dialogo que tuvimos con la Secretaría General evadían las preguntas relacionadas con Chiapas y lo relacionado con los campesinos; los campesinos están acusados de motín por eso no pueden salir con fianza (…) El juez no lo libero -a Pablo Martell – y reconoció que fue por instrucciones a muy arriba”, lamentó.
Indicó que, los terrenos que les despojaron a los campesinos están valuados en un millón de pesos por hectárea, que están vendiendo en el extranjero, pese a estar registrados como zona agrícola, pero buscan que se les regrese a sus dueños originales, puesto que hubo irregularidades desde el despojo hasta la compra venta.