En San Luis Potosí se dio un avance importante en la prevención y sanción en contra en contra de la violencia en contra de las mujeres, con las reformas aprobadas a la Constitución Política del Estado, se logró establecer que para ser servidor público no deberán contar con una sentencia condenatoria por delitos contra la violencia familiar, contra las mujeres en razón de género y violencia sexual.
La diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso del Estado, recordó que en San Luis Potosí se reformaron los artículos, 46, 73, 99, y 117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en relación al tema: integrar el modelo “3 de 3 Contra la Violencia”.
Con ello, se establece en los requisitos para ser Diputado, Gobernador, Magistrado, o miembro de ayuntamiento, no deben estar en alguno de los siguientes supuestos: Tener sentencia condenatoria que haya causado estado, por violencia familiar; o delitos contra las mujeres por razón de género; tener sentencia condenatoria que haya causado estado por los delitos: contra la libertad sexual; la seguridad sexual; y el normal desarrollo psicosexual, o estar registrado o registrada en el padrón de personas deudoras alimentarias morosas o en caso de serlo, demostrar que ha pagado en su totalidad los adeudos alimenticios.
Con ello, se busca estar en concordancia con las disposiciones federales, y establecer acciones contra la violencia a las mujeres en México, que es uno de los más graves problemas sociales que ha incrementado su incidencia, así como la brutalidad con la que se comete.
La diputada Emma Idalia Saldaña, señaló que la violencia contra las mujeres, lamentablemente, en algunas ocasiones ha sido cometida por funcionarios públicos, representantes populares y políticos, quienes deberían ser los primeros comprometidos con el cese y erradicación de estas inaceptables conductas, actos que contribuyen a generar una percepción de permisividad hacia esa violencia, que deteriora de forma sensible la confianza que se les brinda a quienes tienen la obligación de llevar a cabo acciones contra la violencia de género.