El Colectivo de búsqueda de personas desaparecidas “10 de Marzo” de Reynosa, Tamaulipas, obtuvo una suspensión definitiva contra la modificación de registros de personas desaparecidas en México.
El Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, resolvió el juicio de amparo indirecto 1951/2023, concediendo la suspensión de toda modificación que pretendan las autoridades, incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta que se resuelva de fondo la controversia.
El considerando X que avaló el juez de Distrito consisten en “que no se modifiquen, alteren, sustituyan, destruyan, cancelen, eliminen o supriman los registros contenidos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas”, dice el documento.
El juzgador consideró que esta suspensión “no contraviene disposiciones de orden público ni afecta al interés social, porque los registros de las personas desaparecidas y no localizadas se mantendría intocados“.
Ya que ello permite que continúe la búsqueda, identificación y localización de las personas incluidas en ese registro, “lo que resulta ser de interés para la sociedad”, determinó.
La vocera del colectivo “10 de Marzo”, Delia Quiroa, dijo a Aristegui Noticias que de no atender el ordenamiento judicial, las autoridades pueden tener repercusiones jurídicas, aunque el juicio final podría realizarse en dos meses o un año dada la carga de trabajo y falta de personal en el Poder Judicial.
“Esperamos que se resuelva pronto y pedimos a la ministra Norma Piña que se atienda, es algo prioritario; no se puede ir el presidente de la República sin que se resuelva este amparo, porque si lo llegan a condenar por violar derechos humanos va a tener que dar una disculpa pública, estado por estado, y reparar el daño “, dijo.
Delia Quiroa destacó que hasta el momento, su colectivo tiene registradas y documentadas 1,200 personas que tenían ficha de búsqueda y fueron eliminadas del registro de personas desaparecidas.
Señaló que el “censo” ordenado por el presidente López Obrador eliminó más de 90 mil investigaciones y subdividió en categorías el número de personas desaparecidas para disminuir la cifra rel y las acciones de búsqueda, “pero la persona sigue desaparecida”.
Explicó que desde el 5 de diciembre del año pasado, tres colectivos interpusieron demandas de amparo colectivas, pero ante el rechazo de los jueces, decidieron hacerlo de modo individual y hay más de 500 solicitudes.
Además, Delia Quiroa dijo que están preparando denuncias penales en contra de autoridades que llevaron a cabo este nuevo censo y lo que consideran como “desaparición forzada” al eliminar registros de sus familiares.
Estamos preparando la denuncia y estamos preparando con la evidencia de las justificaciones que presentan de los amparos individuales.
Además, indicó que la modificación del registro, permitió que las autoridades priorizaran cuestiones administrativas antes que las acciones de búsqueda.
También, refirió que al “desaparecer” personas del registro, se dificultan los procesos judiciales para la investigación y judicialización del delito de desaparición de personas, porque se juzgan como “homicidios”, al no encontrarse registros de denuncia por desaparición.
“No hay búsquedas en vida, la investigación se da como homicidio no como persona desaparecida, y retrasa el reclamo de cuerpos y algunos se podrían ir a la fosa común”, dijo
Con información de: Aristegui Noticias