Con la finalidad de aprovechar la mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados en el Congreso de la Unión, así como comenzar a implementar su plan de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo ha buscado impulsar una serie de reformas antes de asumir el poder ejecutivo federal. En ese sentido, anunció una nueva que se añadirá a las ya confirmadas.
En el marco del proceso de transición que ha implementado desde que se dieron a conocer los resultados de los cómputos distritales tras las elecciones del 2 de junio, Sheinbaum Pardo anunció que impulsará, a través de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la aprobación de dos reformas.
Una de ellas contempla una serie de reformas al poder judicial, la cual había sido anunciada previamente por el actual mandatario, mientras que la otra consiste en impulsar a nivel constitucional un programa social para mujeres de 60 a 64 años. A dichas iniciativas, la virtual presidenta electa añadió una que buscará impulsar para el mes de septiembre.
Durante una reunión con legisladores electos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México (CDMX), Sheinbaum Pardo dio a conocer la otra reforma que impulsará con la entrada de la nueva legislatura, la cual contempla a los pueblos indígenas y afrodescendientes.
“Tenemos, en principio, cinco prioridades. Las reformas, por supuesto, de los programas sociales, convertidos ya en derechos y algunos que deben ser convertidos en derechos que planteé el lunes pasado. Creo que hay otra que es fundamental que sea aprobada en septiembre y es el respeto y reconocimiento de los pueblos indígenas y de los pueblos afromexicanos”, dijo.
A pesar del indicio declarado por la virtual presidenta electa, no dio a conocer en qué consistirá la reforma. No obstante, instantes antes declaró que su gobierno buscará erradicar combatir aquellos indicios de discriminación en contra de las minorías.
A pesar de su presencia prolongada a lo largo de la historia, desde antes de la consolidación de México como estado nacional, y sus aportes a las culturas, las poblaciones indígenas u originarias, así como las afromexicanas o afrodescendientes, han luchado por la reivindicación de sus derechos al considerarse como sujetas y sujetos de discriminación.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en el año 2020 la población de personas pertenecientes a pueblos originarios y afromexicanos representó más del 20% del total en el país.
Según la estadística, 23.2 millones de personas de tres años y más se autoidentificaron como indígenas, es decir lo equivalente al 19.4% de la población total en México. En tanto, declararon el registro de 2 millones 576 mil 213 personas que se reconocieron como afromexicanas, es decir el 2 por ciento del total dentro del país.
Si bien con el paso de la Revolución Mexicana la justicia social para los pueblos originarios se volvió un tema central en las políticas públicas, el avance en el reconocimiento de sus derechos ha sido lento, panorama que ha sido aún más desfavorable para quienes forman parte de algún pueblo afromexicano.
Fue hasta el año 2020 cuando el INEGI resolvió reconocer a las personas afrodescendientes en el censo nacional de población y vivienda. De igual manera, ya se encuentran considerados dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), dentro del apartado C del artículo segundo, mismo que dice:
“Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la Nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del presente artículo en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social”.
Con información de: Infobae