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Padre de víctima del Rich pide ir contra funcionarios estatales y municipales

Marcela Loyola

Juan Ramón Infante Guerrero, papá de Manuel Alejandro Infante Puente, una de las víctimas mortales del Rich, acusó a la CEEAV de mantenerlo al margen de la investigación, pues le avisaron de la audiencia casi a la mera hora, motivo por el que no pudo asistir, “me informan con la intención de que no vaya, es la primera vez que se comunican conmigo”.

Detalló que, le avisaron de la audiencia minutos después de las 11:00 horas de este martes, pese a que radica en el municipio de Cedral y hace tres horas en carro a San Luis Potosí y la diligencia se realizaría a las 13:00 horas, por lo que le fu imposible asistir.

Añadió que, el no informarle del proceso y no avisarle a tiempo de la audiencia se deba a sus declaraciones tras la velada en las escalinatas de la plaza Alttus, lo que a su juicio molestó al Gobierno del Estado y al Gobierno de la Capital potosina.

Juan Ramón Infante señaló que, la detención de los tres implicados en el antro “Rich” es el inicio del proceso, pero cuestionó que aún no se vincule en responsabilidad a los servidores públicos de la Dirección de Gobernación y de la Coordinación Estatal de Protección Civil, ambos del Gobierno Estatal, ni tampoco a los responsables del área de Comercio, Inspección y de Protección Civil del Gobierno Municipal.

“Todos sabemos que estas cinco áreas están completamente enfangadas en corrupción y están completamente en contubernio con todos los antros, centros nocturnos, estamos viendo que están deteniendo acertadamente a los propietarios, encargados o dueños del antro Rich, pero ¿Dónde está la corresponsabilidad del gobierno estatal y municipal y de los dueños de la misma plaza con las deficiencias constructivas y de seguridad que tiene? No vayan a salir con que confórmense con eso lo otro lo esfumamos cuando la responsabilidad es compartida y todavía mayor de los funcionarios públicos”, sentenció.

Agregó que, el proceso apenas inicia y las familias de las víctimas, así como la sociedad potosina exige justicia en toda su amplitud, por ello pidió al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y a la fiscal Manuela García Cázares que en la investigación se incluya a los funcionarios estatales, municipales y a los propietarios de la plaza, “el gobernador tiene que hacer su trabajo, confiamos en que lo haga y aplique la ley indistintamente, sean conocidos, parientes, amigos o familiares o como se llamen”.

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