La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua declaró como “prófugo de la justicia” a Javier Corral Jurado, ex gobernador estatal que estuvo a punto de ser detenido en la noche del 14 de agosto en un restaurante de la Ciudad de México (CDMX).
En conferencia de prensa, el titular de la Fiscalía Anticorrupción de dicha entidad, Abelardo Valenzuela, fue cuestionado por la intervención de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para impedir la detención del ex gobernador.
Javier Corral no fue aprehendido en la noche de ayer debido a que el encargado de despacho de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara López, optó por no colaborar con las autoridades de Chihuahua. En ese sentido, Abelardo Valenzuela señaló que el ex mandatario es considerado como alguien que ha evadido la justicia.
El fiscal anticorrupción indicó que Javier Corral cuenta con una orden de aprehensión por el delito de peculado, misma que iba a ser cumplimentada por autoridades de Chihuahua en la noche del 14 de agosto en el restaurante Gin Gin, ubicado en la colonia Roma de la alcaldía Cuauhtémoc, en la CDMX.
Sin embargo, el encargado del despacho de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara, se trasladó a dicho restaurante acompañado de más de 100 elementos armados de dicha dependencia. Una vez en el establecimiento, “decidió sin fundar ni motivar su informal y espontánea decisión de revocar verbalmente lo que los órganos facultados de su propia Fiscalía habían autorizado previamente y de manera formal”, indicó Valenzuela.
Hasta el momento, Lara López no ha explicado las razones por las que decidió no colaborar con la Fiscalía de Chihuahua para detener a Javier Corral.
Javier Corral se desempeñó como gobernador de Chihuahua entre 2016 y 2021. Durante ese periodo, dispuso de más de 98 millones de pesos del erario para realizar unos pagos junto a Arturo Fuentes Vélez, entonces secretario de Hacienda que actualmente también se encuentra prófugo de la justicia.
“De manera ilícita dispusieron del erario la cantidad de 98 millones 600 mil pesos, pues se efectuaron dos pagos a un particular en su cuenta bancaria Santander, con la finalidad de aparentemente reestructurar el pago de la deuda pública del estado”, explicó Abelardo Valenzuela.
El primer pago se realizó el 3 de diciembre de 2019, mientras que el segundo se efectuó el 5 de agosto de 2020. Cada uno fue por la cantidad de 49 millones 300 mil pesos. El fiscal anticorrupción indicó que dichos actos fueron ilegales, “toda vez que esta contratación fue simulada con la intención de disponer de dicho recurso de las finanzas del estado, a sabiendas que el objeto del contrato no se cumpliría”.
Por esos hechos, tanto Javier Corral como Arturo Fuentes fueron señalados como probables responsables del delito de peculado, cuya pena puede llegar hasta los 12 años de prisión.
Con información de: Infobae