Marcela Loyola
“Las parteras y médicas tradicionales de las comunidades indígenas del Estado de San Luis Potosí, México, exigimos que el Decreto que el Congreso del Estado aprobó el pasado 23 de mayo del 2024 en la Sesión Ordinaria, que reforma diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud, partiendo de la iniciativa presentada por la diputada Bernarda Reyes Hernández, no se publique en el Periódico Oficial del Estado, debido a su carácter inconstitucional”.
Así lo manifestaron las parteras tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas a través de un comunicado, donde exponen que estas reformas otorgan la facultad a las autoridades de salud de regular y autorizar la práctica de las parteras y médicos tradicionales indígenas y promoverá cursos de profesionalización, talleres y diplomados con valor curricular, dirigidos a parteras profesionales, parteras tradicionales y médicos tradicionales; lo que contraviene a las reformas que se efectuaron a la Ley General de Salud en materia de partería tradicional el 26 de marzo de este año.
“Ante esto, parteras, médicos tradicionales, académicas y diversas organizaciones de la sociedad civil, han señalado que este Decreto aprobado por el Congreso estatal constituye una regresión de los avances nacionales realizados en el ámbito de los derechos a la salud y, por ello, infringe el Artículo 1º de la Constitución Política mexicana, en el que se establece que los derechos humanos deben considerarse de manera progresiva”, puntualizan.
Agregan que, además, han insistido en la violación del Artículo 2º constitucional, en el que se reconoce la libre autodeterminación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables para la preservación de su cultura e identidad.
Indicaron que, ante la falta de una respuesta clara por parte de las diputadas al origen de este Decreto, parteras y médicos tradicionales, pertenecientes a los pueblos nahua, tének y Xi’iuy, así como a otros pueblos indígenas que habitan en el estado de San Luis Potosí, continúan exigiendo que no se publique este Decreto en el Periódico Oficial del Estado, debido a su carácter inconstitucional.
“La organización de parteras reafirma que los conocimientos ancestrales deben ser protegidos conforme a la autonomía de los pueblos indígenas; por tal motivo, las comunidades indígenas pedimos respeto a nuestros sistemas de salud”, puntualizaron.