El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró este jueves que es “ramplón” o “superficial” opinar que su recién aprobada reforma judicial traerá una “dictadura” a México ante las críticas hacia un posible control que el Ejecutivo tendrá del resto de los poderes.
“Es realmente muy ramplón, muy superficial, el hablar de que con la reforma al Poder Judicial se constituye una dictadura en México, eso no es serio“, expresó el mandatario en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.
El mandatario hizo estas declaraciones tras anunciar que el próximo domingo, 15 de septiembre, promulgará la reforma judicial para que a partir de junio de 2025 los mexicanos elijan en las urnas a los jueces, a la Suprema Corte y a un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que castigará a juzgadores por sentencias irregulares.
Trabajadores del Poder Judicial y opositores han advertido de una posible “dictadura” o “autocracia” porque la iniciativa permitirá que el Ejecutivo postule candidaturas para todos los juzgados del país y reciban apoyo del oficialismo para las campañas, mientras que el Tribunal de Disciplina sancionaría a los jueces disidentes.
Pero López Obrador argumentó ahora que esa acusación no “tiene ningún fundamento teórico, conceptual, es un sofisma, una mentira”.
“Es una reforma importantísima, es reafirmar que en México hay una auténtica democracia, que el pueblo elige a sus representantes, que elige a sus servidores públicos de los tres poderes, eso es la democracia, no las élites de la llamada clase política, no la oligarquía”, sostuvo.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (Jufed), que está en huelga desde el 21 de agosto, anunció el miércoles que acudirán a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para frenar la iniciativa aprobada esta semana.
La reforma también ha despertado alertas de organismos como la ONU, Human Rights Watch, la Asociación Internacional de Abogados y socios comerciales de México, como Estados Unidos, por la posible intromisión del Ejecutivo y de grupos de interés, como el crimen organizado, en las próximas campañas electorales de los jueces.
Con información de: EFE