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La CEDH emite recomendación contra el Congreso del Estado


Marcela Loyola


En un hecho histórico, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), emitió la recomendación 4/2024 al Congreso del Estado, la primera que reciben en la historia, por la omisión en la atención de víctimas de violaciones a derechos humanos, acciones y omisiones contrarias a las que señala la ley.

Durante días pasados, el presidente de la Directiva, diputado Ulices Mendoza Padrón recibió la notificación de la CEDH de esta recomendación y tienen un plazo de 15 días para aceptarla o no; la cual se podría heredar a la LXIV Legislatura que inicia funciones el próximo sábado 14 de septiembre.

De acuerdo a los hechos, la víctima reconocida de violaciones a sus derechos humanos con motivo de recomendaciones emitidas, por dicho organismo autónomo y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), María de Jesús “MaryChuy” Almendarez Prieto acudió a la oficina del ex presidente de la Comisión Especial de Atención a Periodistas y vocal de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género, Eloy Franklin Sarabia, a solicitar ayuda.

El legislador no la dejó hablar y comenzó a realizar diversos comentarios que la hicieron sentir mal y, nunca le permitió el uso de la palabra; además que le informó que grabó los hechos acontecidos sin su consentimiento. Con esta queja interpuesta el 4 de junio del 2021, se inició la recopilación de documentos, audios y vídeos que se valoraron, así como diversas notas periodísticas.

La CEDH comprobó que, el diputado en lugar de apoyar y ayudar para que fuera atendida la víctima, la revictimizó y no la trató con respeto, tampoco salvaguardo sus derechos humanos y a contrario los violentó.

“Se advierte que el diputado incumplió los criterios normativos”, además que no le dio atención a la problemática, lo que se traduce en violaciones continuas y sostenidas para garantizar el derecho humano a la seguridad jurídica y al principio de legalidad.


La CEDH recomendó la reparación integral del daño de acuerdo a los establecido por la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí y que se garantice la no repetición de los hechos.

Al Congreso del Estado le pide elaborar un protocolo de atención a víctimas de violaciones a derechos humanos y de delito y, capacitar a las personas servidoras públicas, sobre temas en derecho de las víctimas, a la seguridad jurídica y a la legalidad, sobre todo a los nuevos y nuevas diputadas.

Además, pide que se investiguen los hechos atribuibles al diputado Eloy Franklin y de ser necesario que se deslindes responsabilidades administrativas.

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