La familia de Lupita Viramontes presentó una apelación contra el cambio de medidas de sanción, otorgado por el juez Ernesto Rivera Sánchez, del Juzgado Segundo de ejecución de penas y medidas, que dio la libertad anticipada a Guillermo Castillo, uno de los feminicidas de la joven, por lo que exigieron justicia real.
Susana Cruz, madre de Lupita, acompañada de Esperanza Lucciotto, realizaron un posicionamiento este viernes en el monumento a las víctimas de feminicidio, donde lamentaron que, en la resolución se garanticen todos los derechos del feminicida, pero no hayan escuchado sus alegatos presentados en audiencia.
“No se supo leer el contexto del crimen ni de las circunstancias actuales en las que nos encontramos como víctimas indirectas, tampoco se priorizó el derecho a la justicia de Lupita y nuestro derecho como familia”. El juez hizo oídos sordos ante nuestras preocupaciones en cuestión de seguridad”, condenó.
Puntualizó que, como familia entienden los derechos y la protección del interés superior del adolescente, sin embargo, no logramos comprender “por qué un hombre que burló la ley por casi una década, es premiado con la liberación anticipada, sin haber cumplido con la responsabilidad activa de los delitos, como lo obliga la misma Ley de Justicia para Adolescentes”.
Susana Cruz señaló que, esta decisión nos vulnera, “no puede nombrarse justicia, si la integridad y la seguridad de nuestra familia y de la sociedad están comprometidas por una decisión de la autoridad. No es justicia sin la garantía de no repetición y sin reparación integral del daño”.
Solicitó que, las autoridades se responsabilicen del riesgo inminente de su familia, “cuando todo esto empezó, seis meses antes del feminicidio de Lupita, las amenazas también incluían a mi hijo y a mi hija menor, a quienes voy a proteger, como lo he hecho hasta este momento”. Exijo a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas que se dicten, de forma urgente, las medidas de protección necesarias para salvaguardar nuestra integridad y seguridad”.
Recordó la saña, violencia y premeditación utilizada por este hombre y su hermano en el feminicidio de Lupita. “Nos pone en peligro nuevamente, pues Guillermo no cumplió con un tratamiento terapéutico para su reinserción social”. La impunidad en los feminicidios manda un mensaje de permisividad que afecta cualquier estrategia de prevención que implementen. Esto es responsabilidad directa del Estado”.
“La decisión del juez extiende la impunidad y el daño generado por el feminicidio y por las omisiones del Estado a lo largo de todo este tiempo. En más de 12 años no hemos podido sentir que el proceso penal haya concluido. También, esta decisión extiende el sentimiento de impunida y la idea de que la justicia es imposible para las mujeres. Esta determinación, no solo es preocupante e indignante, sino que está muy lejos de representar justicia para Lupita y para nuestra familia”, concluyó.