Marcela Loyola
La Asociación de Padres de familia de la Secundaria Técnica número 39 Ricardo Macías Salinas, se manifestaron para exigir la destitución y sanción de personal administrativo y académico, derivado de la falta de maestros y por las actas administrativas, denuncias en Fiscalía y muchas quejas de prepotencia, faltas de respeto a madres, padres y alumnos, así como omisión por las autoridades competentes.
Los quejosos encabezados por Cristina Zavaleta Carmona piden que, se destituya a los administrativos María Magdalena Ramírez de la Rosa, Laura Nohaly Ramírez Sánchez, Serapia Claudia López Quintana y a los prefectos Martha Franco López y Gildardo López Soto. Y que no integren nuevamente la plantilla docentes, Silvia Balderas Hernández y el subdirector Urbano.
“Los conflictos interno entre administrativos y docentes nos han dejado sin algunos maestros en las materias de Historia, Química y faltan un coordinador y un administrativo que han retirado de sus funciones, lo cual al no haber maestro frente a grupo exista un rezago educativo. Y se han presentado diferentes situaciones entre alumnos que están solos en los salones”, denunció Zavaleta Carmona.
Expuso que, ya se han presentado ante las autoridades de SEGE con quejas y solicitando el apoyo por escrito, pero no cumplieron con sus propuestas designadas por el Jefe de Departamento de Secundarias Técnica, José Cruz Ferrer Hernández y Olga Mendieta Medina de jurídico, por eso el día de hoy exigen una respuesta inmediata, se retiren de sus funciones a las personas mencionadas y se reinstalen de manera inmediata a la maestra Reyna José Franco y el coordinador Jerónimo.
Añadió que, saben que están en un proceso administrativo, “que no van a estropear y piden claridad y transparencia ya que son acusaciones falsas y no debieron de haberse encontrado en esta situación”, pues son los padres de familia quienes deben de denunciar las irregularidades o inconformidades en las instituciones educativas.
Los quejosos pidieron colaboración de los docentes, madres y padres de familia o tutores, para salvaguardar la integridad de los integrantes de la comunidad educativa; conocer de las acciones educativas y de prevención que realicen las autoridades para que los educandos, conozcan y detecten la posible comisión de hechos delictivos que les puedan perjudicar.