Marcela Loyola
La Colectiva ILE celebró que, la Fiscalía General del Estado no esté judicializando actualmente casos de aborto, derivado del juicio de amparo 765/2024 qué ganaron.
En rueda de prensa, María Serrano y Idalia Montiel de la Colectiva ILE manifestaron que, a través de una solicitud de información a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, para preguntar si estaban persiguiendo el delito de aborto en casos donde mujeres o personas gestantes se practicaran una interrupción voluntaria del embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación, la FGE les respondió qué no.
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“Se llega a la conclusión que si éstas Representaciones Sociales cuentan o llegaran a tener un hecho con apariencia de delito de Aborto señalado en el artículo 148 fracciones I y II, articulo 149 y 150 fracción III del Código Penal de San Luis Potosí, no sería posible continuar con la judicialización de la carpeta de investigación, ni continuar los procesos penales contra mujeres o personas gestantes que decidan interrumpir voluntariamente su embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación, ello derivado de la sentencia del expediente 765/2024 emitida por el Juzgado Tercero de Distrito en el Noveno Circuito que declaró la inconstitucionalidad de dichos artículos”, les respondió.
Agregaron que, ahora sólo falta que el Congreso del Estado reforme los artículos referentes al tema, para que se concrete la despenalización o la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las primeras 12 semanas.
“Es importante hacer énfasis en este punto, puesto que ha habido desinformación e interpretaciones incorrectas que pueden hacer que mujeres y personas gestantes se sigan poniendo en riesgo y no busquen apoyo con el sector médico particular o con grupos acompañantes para la interrupción, por miedo a ser castigadas”, aseveró.
Aclararon a los grupos conservadores, como el Consejo Coordinador Ciudadano, que el tema de la despenalización dentro de las primeras 12 semanas ya es un hecho, y el Poder Legislativo ya solo debe adecuar la redacción de las normas penales y garantizar el servicio de salud para evitar riesgos sanitarios de una práctica que es común y hasta hace poco clandestina, pero que efectivamente requiere regularse bajo una perspectiva de derechos humanos y bajo la vigilancia del Estado.