El Pleno del Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley del Sistema de Seguridad Privada para el Estado, con el fin de establecer los lineamientos básicos que deben de cumplir los servicios de seguridad privada y que deben de incluir al enfoque de derechos humanos.
El diputado Rubén Guajardo Barrera, quien presento la iniciativa, señaló en sus exposición de motivos que, los servicios de seguridad privada, son auxiliares de la seguridad pública, razón por la que las corporaciones o prestadores de servicio privado, y sus elementos que son denominados personal operativo y, deben observar los principios que se encuentran establecidos en la Ley del Sistema de Seguridad Pública vigente en nuestro Estado, principios que atienden la observancia de los derechos humanos y la legalidad.
Es bajo esa premisa que se hacen modificaciones a los numerales primero y treinta y seis de la Ley de Servicios de Seguridad Privada, con el fin de alinear en ella los principios que devienen de la Ley del Sistema de Seguridad Pública, contribuyendo así a que las y los ciudadanos que pudieran tener cualquier interacción con personal operativo de esas empresas, sean tratados de manera adecuada de conformidad con los alcances que emanan del marco legal aplicable y una vez actualizado, vigente.
Por ellos, se voto a favor de reformar el artículo primero, que ahora establecerá que: “Los servicios tendrán como eje central a la persona y sus derechos humanos, observando y respetando el ejercicio de los derechos de ciudadanía con perspectiva de género, las libertades y los derechos fundamentales, así como el fomento de una cultura de paz”.
Además, articulo 36 señalará que: “El reglamento establecerá los tiempos, formas y plazos para ello. La capacitación que se imparta será acorde a las modalidades en que se autorice el servicio, y tendrá como fin que el personal operativo se conduzca bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y respeto a los derechos humanos, previstos en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí.