Haití, un país dominado por las pandillas desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en 2021, convive a diario con la violencia y tiene que lidiar con una inestabilidad permanente. Lo sucedido el pasado fin de semana en una barriada de Puerto Príncipe, sin embargo, supera todos los umbrales de horror al que el colapso de las instituciones y la miseria condenan a sus habitantes. La venganza de un cabecilla criminal que opera en la periferia de la capital desembocó en la matanza de al menos 184 personas a las que acusaba de brujería, según confirmó el lunes Volker Türk, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El reguero de asesinatos se conoció el domingo por la noche gracias a la denuncia de la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH, por sus siglas en francés). El organismo atribuyó la masacre, a partir de los testimonios recabados, a la orden del pandillero Monel Félix, conocido como Mikano o Micanor, que acusó a un grupo de ancianos de provocar la enfermedad de su hijo a través de rituales vudú. Entre el sábado y el domingo, los integrantes del grupo armado irrumpieron a machetazos en la zona costera de Wharf Jéremie, en Cité Soleil, uno de los barrios más castigados del país caribeño, y desataron una espiral de violencia sin freno. La gran mayoría de las víctimas, al menos 127, tenía más de 60 años, aunque según la RNDDH también varios jóvenes fueron asesinados “intentando salvar a los vecinos”, reporta la agencia Reuters.
Lo ocurrido es la enésima muestra de la implosión de un Estado carcomido por la corrupción y las guerras de poder que no logra hacer frente al avance del crimen organizado. Monel Félix solo es un nombre más en una tupida red de bandas, cuyo líder más prominente es el expolicía Jimmy Barbecue Cherizier, que asfixian a la población e imponen su ley en amplios territorios de Haití. La oficina del primer ministro, convertido en un cargo efímero que lleva ya cuatro responsables en lo que va de año, condenó la matanza y afirmó que “se ha cruzado una línea roja y el Estado movilizará todas sus fuerzas para localizar y aniquilar a estos criminales”.
Más allá de la declaración de intenciones, la realidad es que el Estado, por sí solo, no tiene los recursos suficientes para frenar a las pandillas. Las autoridades locales pidieron en 2022 un plan de seguridad internacional y apoyo para la policía haitiana, pero la misión aprobada por Naciones Unidas el año pasado funciona hoy a medio gas y apenas cuenta con fondos. Mientras tanto, el proyecto de crear una fuerza de paz ha chocado con la negativa de China y de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU, a pesar de las presiones internacionales. Este mismo lunes, Human Rights Watch (HRW) señaló que el único camino para afrontar la emergencia pasa por “autorizar urgentemente y desplegar lo antes posible una misión plena de Naciones Unidas en Haití“. ”La misión debería garantizar una respuesta basada en los derechos humanos para restaurar la seguridad, el Estado de derecho y la gobernanza democrática”, agregó el organismo.
No obstante, al menos por el momento, la ONU se ha limitado a pedir más recursos. La oficina del secretario general, António Guterres, expresó su más absoluto repudio de la matanza y solicitó a las autoridades haitianas “que lleven a cabo una investigación exhaustiva y garanticen que los autores de estos y todos los demás abusos y violaciones de derechos humanos comparezcan ante la justicia”. Al mismo tiempo, Guterres reiteró “su llamamiento apremiante a los Estados miembros para que brinden a la misión de apoyo multinacional el apoyo financiero y logístico necesarios para ayudar con éxito a la Policía Nacional de Haití a abordar la violencia de las pandillas”.
Mientras tanto, una parte de Cité Soleil ha quedado arrasada por la banda responsable de los asesinatos, que en octubre contaba con unos 300 miembros y también controla otros barrios de Puerto Príncipe. Estos crímenes, estimó Türk, “elevan el número de muertos solo este año en Haití a la asombrosa cifra de 5.000 personas”. A principios de octubre, más de 115 personas fueron asesinadas en Pont-Sonde, una ciudad en la región agrícola de Artibonito. Entonces, fue otra pandilla, Gran Grif, la que se atribuyó esa atrocidad, pero una vez más la espita fue una venganza: en esa ocasión, contra los vecinos que se negaban a plegarse a los criminales y habían creado grupos de autodefensa para resistir ante la extorsión.