La Cámara de Diputados de México aprobó el martes una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum que otorga mayores beneficios a conductores y repartidores que trabajan para aplicaciones digitales en el país, una propuesta que ha generado quejas de las empresas afectadas, como DiDi, Rappi y Uber.
El dictamen, enviado la semana pasada, fue aprobado con 462 votos a favor, cero abstenciones y ningún voto en contra. Ahora, los cambios deben ser refrendados por la Cámara Alta, donde el oficialismo también cuenta con amplia mayoría.
El 15 de diciembre el Congreso inicia un receso por las fiestas decembrinas y regresa a sus labores el 1 de febrero. Sin embargo, podría sesionar de forma extraordinaria para aprobar la iniciativa antes de que culmine el año.
La propuesta busca reformar la ley laboral de México para establecer que si una persona gana el salario mínimo mensual (alrededor de 414 dólares a partir de 2025) trabajando en estas aplicaciones debe ser considerada un trabajador formal y recibir todos los beneficios de la ley, “independientemente del tiempo efectivamente trabajado”.
Los beneficios incluyen el acceso a seguridad social, utilidades de las empresas, aguinaldo, vacaciones y otras prestaciones. Además, se les permitirá sindicalizarse.
El proyecto también estipula que si la persona gana menos del salario mínimo mensual, será considerado un trabajador por cuenta propia, sin acceso a todos los beneficios, aunque con protección contra accidentes de trabajo.
Cerca de 658,000 personas están empleadas a través de plataformas digitales en México, de acuerdo a cifras del Servicio de Administración Tributaria (SAT). De ellas, el 41% percibe ingresos superiores al salario mínimo mensual.
La Alianza In México, una asociación que representa a DiDi (92Sy.MU), opens new tab, Rappi y Uber (UBER.N), opens new tab, exhortó la semana pasada a los legisladores a “establecer un mecanismo de diálogo social amplio e incluyente” frente a la iniciativa.
La Secretaría del Trabajo asegura que ha “consultado extensamente con todas las partes interesadas” y ha analizado “prácticas internacionales” para formular la propuesta.
En otros países como Chile o España, el trabajo a través de plataformas digitales está regulado y a los repartidores se les garantizan sus derechos laborales básicos, como salario mínimo y seguridad social.